El gobierno de Bolivia ha presentado una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de graves delitos como terrorismo, alzamiento armado y sabotaje electoral. La acción legal responde a los recientes bloqueos de carreteras impulsados por seguidores del exmandatario, que han generado caos en el país.
Según las autoridades bolivianas, las protestas lideradas por sectores leales a Morales buscan desestabilizar el proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales de agosto de 2025. Un audio difundido recientemente vincula al expresidente con un supuesto plan para aislar la ciudad de La Paz mediante bloqueos estratégicos.
La denuncia, presentada por el Ministerio de Gobierno, incluye cargos por organización criminal, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad del transporte. Los bloqueos, que llevan cuatro días activos en 28 puntos del país, han afectado el tránsito y el abastecimiento en varias regiones.
El presidente Luis Arce, antiguo aliado de Morales, ha calificado estas acciones como un intento de desestabilizar su gobierno. La tensión entre ambos líderes del Movimiento al Socialismo (MAS) ha escalado, evidenciando una profunda división dentro del partido que gobernó Bolivia durante más de una década.
Morales, quien gobernó de 2006 a 2019, enfrenta también otras investigaciones, incluyendo una por presunta trata de personas. Sus seguidores sostienen que las acusaciones son parte de una persecución política para evitar que se postule como candidato presidencial en 2025.
El gobierno ha señalado que los bloqueos no solo afectan la economía, sino también la preparación de las elecciones judiciales previstas para diciembre. La situación ha generado preocupación sobre la estabilidad del proceso electoral en Bolivia.
En respuesta, Morales ha negado las acusaciones y asegura que las protestas son pacíficas, exigiendo respeto a las decisiones de un congreso del MAS que lo proclamó candidato. Sin embargo, las autoridades insisten en que sus acciones constituyen un desafío directo al orden democrático.
La crisis política en Bolivia continúa intensificándose, con un país dividido entre quienes apoyan a Morales y quienes respaldan al gobierno de Arce. Las próximas semanas serán clave para determinar si el conflicto escala o si se logra un diálogo que permita restablecer la calma.