Un grupo de ocho migrantes, incluido un mexicano, y once agentes de inmigración de Estados Unidos enfrentan una situación alarmante en una base naval estadounidense en Yibuti. Detenidos en un contenedor de carga adaptado como sala de conferencias, las condiciones son descritas como deplorables e inseguras por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Este escenario caótico comenzó tras la intervención de un juez federal que detuvo un vuelo de deportación hacia Sudán del Sur.
El juez Brian Murphy, del Distrito de Massachusetts, ordenó la suspensión del traslado al considerar que se violó un fallo que prohíbe deportar a personas a países donde puedan enfrentar tortura sin un debido proceso. Los migrantes, provenientes de Cuba, México, Laos, Birmania, Vietnam y solo uno de Sudán del Sur, permanecen en la base desde el mes pasado. La decisión judicial busca garantizar que los detenidos tengan la oportunidad de defenderse legalmente.
Las condiciones en la base militar de Yibuti son extremas. Los migrantes y agentes están expuestos a riesgos como malaria, calor abrasador, iluminación limitada y problemas respiratorios causados por fosas de incineración cercanas. La falta de medidas de seguridad adecuadas agrava la situación, poniendo en peligro la salud y el bienestar de todos los involucrados.
Melissa Harper, directora ejecutiva adjunta de ICE, detalló en una declaración judicial los peligros que enfrentan. Además, el Pentágono advirtió sobre el riesgo de ataques con cohetes desde Yemen, país vecino de Yibuti. Los agentes carecen de chalecos antibalas, lo que aumenta la vulnerabilidad en un entorno ya hostil.
Los migrantes, retenidos en un contenedor con aire acondicionado pero inadecuado para estancias prolongadas, son vigilados constantemente por los agentes de ICE. Entre ellos se encuentra Jesús Muñoz Gutiérrez, un mexicano condenado por asesinato en segundo grado en Estados Unidos. La situación ha generado tensiones en la base, con reportes de frustración entre el personal militar por la presencia de personas con antecedentes penales.
El juez Murphy ofreció al gobierno de Donald Trump la opción de realizar audiencias legales en Yibuti, pero las condiciones descritas por Harper hacen esto inviable. La alternativa sería regresar a los migrantes a Estados Unidos para garantizar un proceso justo, algo que la administración actual parece renuente a aceptar.
Defensores de los derechos de los migrantes han cuestionado la negativa de la Casa Blanca a traer de vuelta a los detenidos. Argumentan que en Estados Unidos se podrían realizar las audiencias necesarias para respetar el debido proceso, evitando exponer a los migrantes y agentes a los peligros actuales.
La situación en Yibuti refleja un limbo legal y humano. Mientras el gobierno de Trump insiste en continuar con las deportaciones a Sudán del Sur, un país en conflicto armado, los migrantes permanecen en condiciones precarias, sin claridad sobre su futuro.
Este caso pone en evidencia las tensiones entre las políticas migratorias de la administración Trump y las protecciones legales establecidas. La legislación estadounidense prohíbe deportaciones a países donde los migrantes enfrenten riesgos de tortura, un principio que parece haber sido ignorado en este intento de traslado.
La incertidumbre continúa para estos ocho migrantes y los agentes que los custodian. La resolución de este caso podría sentar un precedente sobre cómo se manejan las deportaciones a terceros países, en un contexto donde las políticas migratorias de Estados Unidos están bajo escrutinio.