El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, ha levantado la voz por las condiciones deplorables e inseguras que enfrentan sus agentes y ocho migrantes en una base naval estadounidense en Yibuti, África. Esta situación se desató tras la decisión de un juez federal de detener un vuelo de deportación que llevaba a los migrantes hacia Sudán del Sur, un país en conflicto armado.
Melissa Harper, directora ejecutiva adjunta de ICE, detalló en una declaración judicial los graves riesgos a los que están expuestos tanto los agentes como los migrantes. Entre estos peligros se encuentran la exposición a la malaria, temperaturas extremas, iluminación deficiente y la cercanía de fosas de incineración que afectan la calidad del aire y la respiración. La base militar, según Harper, no está preparada para albergar a personas durante largos periodos.
Los ocho migrantes, provenientes de países como México, Cuba, Laos, Birmania, Vietnam y solo uno de Sudán del Sur, están retenidos en un contenedor de carga adaptado como sala de conferencias. Este espacio, descrito como inadecuado, es donde los migrantes permanecen bajo la vigilancia de once agentes de ICE, quienes también enfrentan condiciones precarias. La tensión en la base aumenta, ya que el personal militar está frustrado por la presencia de personas con antecedentes penales.
La orden de suspender el vuelo de deportación vino del juez federal Brian Murphy, del Distrito de Massachusetts. Murphy determinó que la administración de Donald Trump violó una disposición legal al intentar deportar a los migrantes a un tercer país, como Sudán del Sur, sin darles oportunidad de defenderse legalmente. La legislación estadounidense prohíbe enviar a migrantes a naciones donde puedan enfrentar tortura o peligro, como es el caso de Sudán del Sur, considerado un lugar de alto riesgo por el Departamento de Estado.
El Pentágono ha advertido que la base en Yibuti está en peligro inminente debido a posibles ataques con cohetes desde Yemen, país vecino. Los agentes de ICE, según Harper, no cuentan con chalecos antibalas ni medidas de seguridad adecuadas para protegerse. Esta situación pone en riesgo no solo su integridad física, sino también la de los migrantes bajo su custodia.
El juez Murphy ofreció a la administración Trump la posibilidad de realizar audiencias legales para los migrantes en Yibuti, pero las condiciones descritas por ICE hacen que esto sea prácticamente imposible. La falta de infraestructura y los riesgos de salud y seguridad complican cualquier intento de llevar a cabo procesos legales en el lugar.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han cuestionado por qué la Casa Blanca se niega a traer de vuelta a los detenidos a Estados Unidos, donde podrían recibir un debido proceso en condiciones seguras. La situación ha generado un intenso debate sobre los derechos humanos y las políticas migratorias del gobierno estadounidense.
La declaración de ICE busca presionar al juez Murphy para que permita continuar con la deportación a Sudán del Sur, a pesar de las preocupaciones legales y humanitarias. Mientras tanto, los agentes y los migrantes permanecen en un limbo, atrapados en una base militar bajo condiciones que han sido calificadas como inhumanas.
Este caso pone en evidencia los desafíos de las políticas de deportación y las tensiones entre la justicia y las decisiones administrativas. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente sobre cómo se manejan las deportaciones a terceros países en el futuro.
La comunidad internacional observa con atención, mientras las condiciones en Yibuti siguen deteriorándose. La falta de soluciones inmediatas agrava la crisis para los involucrados, dejando en el aire la pregunta sobre el respeto a los derechos humanos en procesos migratorios.