Una joven peruana de 21 años, Adely Vanessa De La Cruz-Álvarez, fue absuelta por un jurado federal en San Antonio, Texas, tras ser acusada de allanar una zona militar en la frontera con México. Este caso marca el primer juicio de un migrante por este delito desde que partes de la frontera entre Nuevo México y Texas fueron declaradas zonas militares restringidas.
De La Cruz-Álvarez fue detenida el 12 de mayo por soldados y un agente de la Patrulla Fronteriza cerca de Tornillo, a unos 64 kilómetros al este de El Paso. La encontraron sola, sentada junto a un muro de bolardos tras cruzar el río Grande desde México. Enfrentaba cargos por entrada ilegal a Estados Unidos, violación de propiedad de defensa nacional y allanamiento de una base militar.
El jurado absolvió a la joven del cargo de allanamiento de zona militar, aunque fue declarada culpable de entrar al país de forma indocumentada. Por este delito, recibió una condena de tiempo cumplido más un día laboral. Sin embargo, su abogado, Michael McMahon, señaló que es muy probable que sea deportada tras el proceso.
El juicio giró en torno a un punto clave: la visibilidad de los carteles que advierten sobre la zona militar. Según el diario The Texas Tribune, los abogados defensores argumentaron que estos letreros no eran claramente visibles o, incluso, podrían no estar en pie. Esto llevó a cuestionar si los migrantes podían saber que estaban entrando en una zona restringida.
El abogado de la joven afirmó que estas zonas militares son una “trampa” para los migrantes. La acusación de allanamiento se considera una táctica reciente de la administración republicana para endurecer las medidas contra la migración, con el objetivo de deportar y sancionar a un millón de personas al año, incluyendo a quienes han ingresado legalmente.
Desde el regreso de Donald Trump al poder en enero de 2025, el Pentágono ha intensificado su presencia en la frontera sur, desplegando miles de soldados. Además, se han utilizado aviones militares para trasladar a migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo en Cuba, como parte de las políticas migratorias más estrictas.
Este no es el primer revés para las autoridades en casos similares. En mayo, jueces federales en Texas y Nuevo México desestimaron más de 100 acusaciones por traspaso en estas zonas militares, lo que pone en duda la efectividad de esta estrategia para controlar la migración.
El caso de De La Cruz-Álvarez ha generado debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. Mientras algunos ven estas medidas como necesarias para la seguridad fronteriza, otros critican que criminalizan a los migrantes sin garantizarles un proceso justo.
La absolución de la joven peruana representa un precedente importante. Según sus abogados, este veredicto podría influir en cómo se manejan futuros casos en la frontera, especialmente en lo que respecta a las zonas militarizadas.
A pesar de la absolución, el futuro de De La Cruz-Álvarez sigue siendo incierto. Aunque evitó una condena por allanamiento, la deportación parece ser el próximo paso, lo que refleja las complejidades y desafíos del sistema migratorio actual en Estados Unidos.