Una mujer que sufrió violencia física y psicológica a manos de su expareja ha levantado la voz contra una decisión judicial que, asegura, protege al agresor y la despoja de su hogar. Liliana Vázquez, residente de San Luis Potosí, denunció al juez Juan Fernando Salazar Hernández por ordenar su desalojo de la vivienda que ella misma ayudó a construir durante años de matrimonio.
Según Liliana, el juez favoreció a su exesposo, quien la violentó durante años, dejándola en una situación de vulnerabilidad. La víctima relató que, a pesar de contar con medidas de protección, las autoridades judiciales no solo ignoraron su caso, sino que actuaron en su contra al otorgar la casa a su agresor.
El matrimonio de Liliana estuvo marcado por episodios de violencia física y psicológica. A pesar de haber contribuido al patrimonio familiar y al crecimiento de las empresas conyugales, ella ahora enfrenta la pérdida de su hogar. La decisión del juez ha generado indignación, ya que contraviene las medidas de protección que deberían resguardarla.
El juez Salazar Hernández, junto con su secretaria Lisandra Cifuentes Velázquez, fue señalado por Liliana por trato humillante y parcialidad. La víctima asegura que ambos funcionarios mostraron una clara preferencia por el agresor, ignorando las pruebas de violencia presentadas durante el proceso.
El caso también pone en evidencia las fallas en el sistema judicial para garantizar justicia a las víctimas de violencia de género. Liliana denunció que su expareja utilizó influencias y conexiones dentro del Poder Judicial para evitar responsabilidades, como el pago de una pensión alimenticia justa.
La orden de desalojo incluyó el uso de la fuerza pública, una medida que Liliana considera desproporcionada y cruel. Esta acción, según ella, no solo la despoja de su hogar, sino que perpetúa la revictimización que enfrentan muchas mujeres en situaciones similares.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han alzado la voz en apoyo a Liliana, exigiendo una revisión del caso. Este tipo de resoluciones judiciales, aseguran, refuerzan la impunidad y debilitan la confianza en las instituciones encargadas de proteger a las víctimas.
El caso de Liliana Vázquez no es un hecho aislado. Miles de mujeres en México enfrentan obstáculos similares al buscar justicia frente a la violencia de género. La lucha de Liliana pone en el centro del debate la necesidad de un sistema judicial más sensible y efectivo para proteger a las víctimas.
La indignación por esta resolución judicial sigue creciendo, mientras Liliana y otras sobrevivientes exigen que las autoridades tomen medidas para garantizar que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos. La justicia, para muchas, sigue siendo una deuda pendiente.