Santiago de la Peña, titular de la Secretaría de Gobierno en Chihuahua, ha salido a pedir calma ante la expectativa por los resultados de la inédita elección judicial del pasado 1 de junio. Según el funcionario, los ciudadanos deben esperar al conteo oficial, ya que el proceso está siendo revisado minuciosamente para garantizar transparencia. Pero, ¿es esto un intento genuino de claridad o una cortina de humo para justificar demoras?
La elección judicial, un experimento impulsado por el gobierno federal de Morena, ha generado controversia desde su anuncio. En Chihuahua, como en el resto del país, la ciudadanía acudió a las urnas para elegir jueces, magistrados y ministros, pero los resultados preliminares han sido cuestionados. De la Peña insiste en que el retraso no debe interpretarse como un problema, sino como un esfuerzo por asegurar un proceso limpio.
Sin embargo, las cifras iniciales del Instituto Nacional Electoral (INE) pintan un panorama desalentador. Apenas un 13% del electorado participó en esta jornada, lo que refleja un desinterés generalizado o, peor aún, una desconfianza en el proceso. La baja participación pone en duda la legitimidad de esta elección, que Morena ha calificado como un “éxito democrático”.
En Chihuahua, la lentitud en el conteo ha alimentado especulaciones. Algunos sectores señalan que el gobierno estatal, alineado con Morena, podría estar manipulando el proceso para favorecer a ciertos candidatos. De la Peña ha negado rotundamente estas acusaciones, asegurando que el retraso se debe a la complejidad de manejar seis boletas por votante.
La oposición no se ha quedado callada. El PAN ha calificado la elección como un “fraude vulgar” y ha acusado al gobierno de Claudia Sheinbaum de usar la reforma judicial para consolidar su poder. En redes sociales, ciudadanos han expresado su frustración, señalando que la falta de información clara solo aumenta la percepción de opacidad.
Mientras tanto, el INE reporta que el 97.22% de los paquetes electorales han sido recibidos, pero solo el 73.81% de las actas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido computadas. Este lento avance ha generado críticas, especialmente porque el recuento podría extenderse hasta el 15 de junio, según fuentes oficiales.
De la Peña ha reiterado que el gobierno de Chihuahua está comprometido con la transparencia, pero sus palabras no parecen convencer a todos. La ciudadanía exige resultados rápidos y confiables, y cualquier error en este proceso podría profundizar la desconfianza hacia las instituciones judiciales.
El experimento de la elección judicial, presentado como un avance democrático, enfrenta ahora un momento crítico. La demora en los resultados y las acusaciones de irregularidades podrían marcar el futuro de esta reforma impulsada por Morena. En Chihuahua, los ojos están puestos en cómo se resolverá este proceso.
Por ahora, la ciudadanía espera, pero la paciencia que pide de la Peña podría agotarse pronto. La transparencia y la credibilidad del sistema están en juego, y el gobierno tiene la responsabilidad de demostrar que esta elección no fue solo un espectáculo político.