El pasado 1 de junio de 2025, México vivió una jornada electoral sin precedentes, donde los ciudadanos eligieron por primera vez a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Este proceso, impulsado por la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, marcó un hito en la historia del país. Sin embargo, la asignación de cargos con duraciones de hasta 15 años para los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de 5 a 8 años para los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial ha generado controversia. ¿Es esto un paso hacia la justicia del pueblo o un movimiento que consolida el poder en unas pocas manos?
La reforma judicial, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, redujo el número de ministros de la SCJN de 11 a 9. Los cinco ministros con más votos permanecerán en sus cargos por 11 años, hasta 2036, mientras que los otros cuatro lo harán por 8 años, hasta 2033. Este esquema, según el gobierno, busca garantizar una rotación equitativa, pero críticos advierten que los plazos prolongados podrían limitar la renovación del Poder Judicial, dejando decisiones clave en manos de unos pocos durante más de una década.
Los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano creado para investigar y resolver conflictos dentro del Poder Judicial, también получили cargos de larga duración, entre 5 y 8 años. Este tribunal tiene la tarea de vigilar a los servidores públicos judiciales, pero su diseño ha levantado sospechas. ¿Quién vigilará a los vigilantes? La falta de claridad sobre los mecanismos de rendición de cuentas ha encendido las alarmas entre los opositores, quienes temen que este nuevo sistema pueda ser manipulado por el gobierno en turno.
El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó una participación ciudadana del 13%, casi el doble de la consulta sobre el juicio a expresidentes, pero aún baja en comparación con otras elecciones federales. La jornada del 1 de junio se llevó a cabo con un complejo sistema de boletas que generó confusión entre los votantes. Cada ciudadano recibió hasta 11 boletas, divididas por género y tipo de cargo, lo que complicó el proceso. En Chihuahua, por ejemplo, se eligieron 305 cargos locales y 100 federales, pero solo el 30% de los candidatos lograron obtener un puesto.
Entre los nombres que destacan en esta elección está Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco que se perfila como posible presidente de la SCJN. Su candidatura, postulada por el Poder Ejecutivo, ha sido celebrada por la presidenta Sheinbaum, quien destacó su trayectoria y origen indígena como un símbolo de cambio. Sin embargo, la oposición, liderada por figuras como Alejandro Moreno del PRI, ha anunciado que presentará denuncias para anular la elección, argumentando irregularidades y falta de equidad en el proceso.
La elección también ha dejado preguntas sobre las ministras en funciones, como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes permanecerán en sus cargos hasta 2036 o 2039, dependiendo de su nombramiento original. Este esquema ha generado críticas por la aparente ventaja que tienen las figuras cercanas al oficialismo, lo que podría desbalancear la composición de la Corte. La rotación de la presidencia cada dos años, basada en los votos obtenidos, añade otra capa de incertidumbre sobre cómo se tomarán las decisiones en el máximo tribunal.
El proceso de cómputo de votos, que se extendió del 1 al 10 de junio, fue otro punto de controversia. La complejidad de las boletas y la falta de información clara provocaron retrasos y quejas. El INE anunció que los resultados definitivos se publicaron el 15 de junio, y los nuevos ministros, magistrados y jueces tomarán protesta el 1 de septiembre de 2025. Este calendario, aunque organizado, no ha logrado calmar las dudas sobre la transparencia del proceso.
La reforma judicial prometía acercar la justicia al pueblo, pero las críticas no se han hecho esperar. La oposición argumenta que la elección popular, lejos de democratizar el Poder Judicial, podría ser una herramienta para consolidar el control del partido en el poder. La baja participación ciudadana y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones” para promover candidatos, refuerzan estas preocupaciones. Mientras tanto, el gobierno celebra el proceso como un “éxito histórico”.
El futuro del Poder Judicial en México está en juego. Los cargos de larga duración y la influencia del Ejecutivo en la selección de candidatos han puesto en tela de juicio la independencia judicial. Con la toma de protesta a la vuelta de la esquina, el país observa con atención cómo estos nuevos ministros y magistrados desempeñarán sus roles. ¿Cumplirán con la promesa de una justicia más accesible o se convertirán en piezas de un sistema diseñado para perpetuar el poder?