La elección judicial del 1 de junio marcó un hito en México, pero no sin controversia. Los cinco cargos del Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano clave para vigilar a jueces y magistrados, fueron ocupados por candidatos cercanos a Morena, según los resultados oficiales. Este proceso, que buscaba democratizar el Poder Judicial, ha levantado críticas por la aparente influencia del partido gobernante en los resultados.
El Tribunal de Disciplina Judicial estará integrado por Celia Maya, Verónica de Gyves, Bernardo Bátiz, Indira García y Rufino H. León. Todos ellos fueron señalados en los famosos “acordeones” de Morena, documentos que el partido distribuyó para orientar el voto de sus simpatizantes. La presencia de estos nombres en las boletas no fue casualidad, y su victoria ha generado cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.
Celia Maya, con casi el 8% de los votos, encabezó la lista de los más votados. Le siguió Verónica de Gyves con el 7.6%, y Bernardo Bátiz, un conocido aliado del expresidente López Obrador, con el 7.1%. Indira García y Rufino H. León completaron el grupo, todos postulados por el Poder Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un proceso dominado por el oficialismo.
La elección no estuvo exenta de irregularidades. El Instituto Nacional Electoral intentó frenar la distribución de los “acordeones”, pero su esfuerzo llegó tarde. Estos documentos, que incluían nombres específicos para la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina, se convirtieron en una herramienta clave en una elección compleja, donde los votantes debían elegir entre cientos de candidatos desconocidos.
Un punto especialmente polémico fue la inclusión de candidatos que no se postularon originalmente para el Tribunal de Disciplina. Por ejemplo, Bernardo Bátiz aspiraba a un puesto en la Suprema Corte, pero apareció en la lista del Tribunal de Disciplina tras un proceso de selección cuestionado. Este tipo de maniobras ha alimentado las críticas sobre la transparencia del sistema.
La participación en la elección fue baja, con solo el 12.2% de los votantes acudiendo a las urnas para elegir a los miembros del Tribunal de Disciplina. La complejidad del proceso, con múltiples boletas y cientos de nombres, desalentó a muchos ciudadanos. Además, las campañas de los candidatos estuvieron limitadas por la prohibición de financiamiento público o privado, lo que dificultó que los aspirantes menos conocidos destacaran.
Organizaciones civiles y opositores han denunciado que la elección fue diseñada para favorecer a Morena. La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, acusó al partido de presionar a candidatos no alineados con su proyecto para que renunciaran, como ocurrió en Sonora con Daniel Humberto Acedo Fimbres, quien declinó pese a ganar un puesto.
El Tribunal de Disciplina Judicial tendrá un poder significativo, con la capacidad de investigar y sancionar a jueces por faltas como corrupción o nepotismo. Sin embargo, su composición, dominada por figuras afines a Morena, genera preocupación sobre su independencia. Algunos críticos ya lo llaman el “Tribunal de la Santa Inquisición” por su autoridad para actuar sin posibilidad de apelación.
La jornada electoral del 1 de junio también incluyó la elección de nueve ministros de la Suprema Corte, todos ellos propuestos por Morena, consolidando el control del partido sobre el Poder Judicial. Este resultado refuerza la narrativa de una reforma judicial que, lejos de democratizar, parece responder a los intereses del oficialismo.
Mientras México avanza en esta nueva etapa del Poder Judicial, las dudas sobre la equidad y transparencia del proceso persisten. La elección judicial, presentada como un ejercicio de democracia, ha dejado un sabor amargo entre quienes esperaban un sistema más plural y menos influenciado por un solo partido.