En un nuevo capítulo del caso Aras, líderes de las víctimas de la empresa acusada de fraude masivo han alzado la voz para denunciar irregularidades en el manejo de los bienes asegurados por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Según los afectados, hay un faltante de millones de pesos en propiedades que debían destinarse a la reparación del daño para miles de personas estafadas.
La empresa Aras Business Group fue declarada culpable de fraude agravado en diciembre de 2023, afectando a más de 4,300 personas. La sentencia ordenó el embargo de 70 bienes inmuebles, vehículos y otros artículos para crear un fideicomiso que compensara a las víctimas. Sin embargo, los denunciantes aseguran que muchos de estos bienes han desaparecido o no han sido correctamente registrados.
Representantes de los afectados señalan que la Fiscalía no ha proporcionado un inventario claro de los activos asegurados. Entre los bienes faltantes estarían propiedades de alto valor, como una mansión valuada en 30 millones de pesos, así como vehículos que, según reportes, han sido liberados mediante amparos. De los 50 vehículos originalmente asegurados, solo ocho permanecen bajo resguardo.
El abogado Felipe Acosta, defensor de los denunciantes, ha criticado la opacidad en el proceso. Asegura que la entrega de vehículos a supuestos dueños, sin cambio de propietario por parte de Aras, ha complicado la recuperación de recursos para las víctimas. Esta situación ha generado desconfianza en la actuación de las autoridades.
Por su parte, Érika Jasso, representante legal de Aras, ha negado que exista un acuerdo para compensar a los afectados, argumentando que un amparo directo contra la sentencia está en curso. Según Jasso, el proceso podría tomar más de un año, ya que es necesario notificar a todas las víctimas, lo que retrasa aún más la justicia para los denunciantes.
Los líderes de las víctimas han expresado su frustración ante lo que consideran una falta de acción contundente por parte de la Fiscalía. Desde 2021, se han presentado más de 3,600 denuncias penales y casi 750 demandas civiles contra Aras, pero los avances en el caso son mínimos, según los afectados.
La creación del fideicomiso para distribuir los recursos de los bienes embargados sigue estancada. Aunque la sentencia estimó que los activos embargados alcanzan los 550 millones de pesos, esta cantidad está lejos de cubrir los 884 millones de pesos y tres millones de dólares que Aras debe pagar a las víctimas.
La indignación entre los afectados crece, y algunos han acusado a las autoridades de proteger intereses de la empresa. Los líderes insisten en que continuarán exigiendo transparencia y justicia para recuperar los ahorros de miles de personas que confiaron en Aras y terminaron defraudadas.
Este caso, que ha sacudido a Chihuahua, pone en evidencia los retos del sistema judicial para manejar fraudes de gran escala. Mientras tanto, las víctimas esperan respuestas concretas y una solución que parece cada vez más lejana.