La Suprema Corte de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda presentada por el gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses, un revés significativo para la administración de Claudia Sheinbaum en su lucha contra el tráfico ilícito de armas. La demanda, iniciada en 2021, acusaba a empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock de prácticas comerciales negligentes que facilitan el flujo de armas a los cárteles mexicanos, alimentando la violencia en el país.
El fallo, liderado por la jueza Elena Kagan, argumenta que México no presentó pruebas suficientes para demostrar que los fabricantes y vendedores de armas son directamente responsables del tráfico ilegal hacia los cárteles. Esta decisión refuerza la protección que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) otorga a la industria armamentista en Estados Unidos, limitando su responsabilidad por el uso delictivo de sus productos.
A pesar del revés, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó su compromiso de trabajar con el gobierno mexicano para combatir el tráfico de armas. Johnson destacó la importancia de la cooperación bilateral en temas de seguridad, aunque no detalló medidas concretas para abordar el problema que México señala como una de las principales causas de la violencia en su territorio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, lamentó la decisión de la Corte y reafirmó su intención de agotar todas las vías legales y diplomáticas disponibles. México sostiene que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en el país provienen de Estados Unidos, lo que agrava la crisis de inseguridad.
El gobierno de Sheinbaum ha insistido en que las prácticas de las armerías estadounidenses, como la venta de rifles semiautomáticos sin restricciones estrictas, contribuyen directamente a la capacidad de los cárteles para perpetrar actos violentos. La demanda buscaba una indemnización de 10 mil millones de dólares por los daños causados por esta situación.
La audiencia de marzo de 2025 en la Suprema Corte marcó un momento clave, cuando México presentó argumentos sobre la negligencia de las empresas armamentistas. Sin embargo, la decisión final cerró la puerta a este litigio en Boston, aunque México mantiene otra demanda abierta contra distribuidores de armas en Arizona, que sigue en fase de recolección de evidencia.
Este fallo representa un desafío para la estrategia de seguridad de la actual administración, que ha priorizado el combate al tráfico de armas como un pilar para reducir la violencia. La designación de algunos cárteles como grupos terroristas por parte de Estados Unidos y Canadá podría, según expertos, fortalecer futuros esfuerzos legales de México.
La decisión de la Corte Suprema no solo impacta a México, sino que también podría limitar acciones legales similares de otros países afectados por el tráfico de armas. Mientras tanto, el gobierno mexicano insiste en que continuará buscando justicia y visibilizando el daño causado por el flujo de armas desde Estados Unidos.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos enfrenta un momento crítico, con tensiones agravadas por los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. La cooperación en seguridad, según Johnson, será clave para avanzar, pero el panorama sigue complicado para México en su lucha contra la violencia armada.