En un giro que sacude al Poder Judicial, los nuevos Ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces estarán bajo la lupa de perfiles cercanos a Morena. El recién creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) será el encargado de supervisar y sancionar a los impartidores de justicia, pero su integración levanta sospechas. Los cinco magistrados electos para este tribunal tienen vínculos directos con el oficialismo, lo que genera dudas sobre la independencia del sistema.
Con el 94.2% de las actas computadas en la reciente elección judicial, los nombres de los magistrados del TDJ ya están definidos. Celia Maya García, Verónica de Gyves Pérez, Bernardo Bátiz, Indira García Pérez y Rufino León Tovar, todos cercanos a la 4T, formarán este organismo. Su misión no es menor: tendrán el poder de suspender o destituir a jueces por sentencias que consideren “contrarias a la administración de justicia”.
Este nuevo tribunal reemplaza al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pero con una diferencia clave. A diferencia de su antecesor, el TDJ tendrá un poder mucho mayor. Sus resoluciones serán definitivas, sin posibilidad de apelar ante la Suprema Corte. Esto significa que cualquier decisión que tomen sobre un juez o magistrado será inapelable, lo que concentra un enorme control en manos de este grupo.
La elección de los miembros del TDJ ha sido cuestionada por su falta de inclusión de jueces federales de carrera. En lugar de priorizar experiencia técnica, los perfiles seleccionados parecen responder a los intereses de Morena. Los famosos “acordeones del bienestar”, listas distribuidas para orientar el voto, habrían jugado un papel crucial en esta selección, según reportes.
Este cambio forma parte de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal. La narrativa oficial asegura que busca democratizar el Poder Judicial, pero críticos advierten que es un paso hacia la concentración de poder. La posibilidad de sancionar a jueces por sus sentencias podría limitar su independencia, afectando la impartición de justicia en el país.
El proceso electoral del 1 de junio marcó un hito al ser la primera vez que los ciudadanos votaron por jueces y magistrados. Sin embargo, la transparencia del proceso ha sido puesta en duda. La falta de vigilancia ciudadana y la demora en el conteo de votos, que tomó entre 12 y 15 días, alimentan las sospechas de manipulación.
Organizaciones como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) han calificado este proceso como una farsa. Argumentan que la elección no garantiza un Poder Judicial autónomo y que, en cambio, consolida un modelo de control político. Las críticas no se detienen ahí: muchos ven en esta reforma un paralelismo con sistemas autoritarios en otros países.
El impacto de este nuevo sistema ya se siente. En Chihuahua, por ejemplo, 50 jueces y 8 magistrados podrían dejar sus cargos en enero, optando por el retiro ante la incertidumbre. Esto podría generar un caos en la impartición de justicia, con jueces provisionales tomando el lugar de profesionales de carrera.
La preocupación crece entre los ciudadanos y expertos. La justicia, que debería ser un pilar de la democracia, parece estar en riesgo de convertirse en una herramienta política. Con el TDJ en manos de perfiles afines al gobierno, el futuro de la independencia judicial está en entredicho.
Mientras el país observa, la pregunta sigue en el aire: ¿es esta reforma un avance hacia una justicia más cercana al pueblo o un paso hacia el control total del sistema judicial? Los próximos meses serán clave para entender las verdaderas consecuencias de este cambio.