Nancy Escárcega, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, ha levantado la voz contra una votación atípica registrada en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Según fuentes extraoficiales, la aspirante interpuso un recurso para denunciar anomalías en los resultados, solicitando una revisión exhaustiva para garantizar que el proceso sea legal y transparente.
El foco de la controversia está en las casillas 1135 y 1136, donde se reportaron cifras de votación inusualmente altas a favor de cuatro candidatos: Rodolfo Sandoval Peña, Jorge Rubén Tarango Mancinas, Socorro Olivia Porras Armendáriz y Jazmín Yadira Alanís Reza. En la casilla 1135, estos aspirantes obtuvieron 419, 417, 423 y 440 votos, respectivamente, mientras que el resto de los candidatos apenas alcanzó un promedio de 43 votos o menos.
La diferencia abismal en los resultados ha generado sospechas sobre la legitimidad del proceso. Escárcega ha señalado directamente a los “acordeones del Bienestar/Morena”, una práctica que, según críticos, consiste en repartir instructivos para orientar el voto hacia candidatos afines al partido en el poder, manipulando así los resultados electorales.
Esta no es la primera vez que se cuestiona la elección judicial en Chihuahua. La jornada del pasado 1 de junio estuvo marcada por reportes de baja participación ciudadana, retrasos en casillas y acusaciones de irregularidades, incluyendo intentos de robo de boletas y pagos a electores previamente instruidos. La escasa afluencia, combinada con estas denuncias, ha puesto en duda la transparencia del proceso.
Escárcega, quien se perfila en segundo lugar con una diferencia de apenas 500 votos según conteos preliminares, no está sola en su lucha. Otros candidatos han expresado preocupaciones similares, y la ciudadanía comienza a exigir claridad en un proceso que debería ser un pilar de la democracia. La elección de jueces y magistrados, presentada como un ejercicio democrático, parece estar lejos de cumplir con ese ideal.
El contexto no ayuda. La reforma judicial impulsada por el gobierno federal ha sido duramente criticada por alterar el equilibrio de poderes. Voces opositoras aseguran que la elección de figuras judiciales cercanas al Ejecutivo busca consolidar un control político, erosionando la autonomía del Poder Judicial.
En Chihuahua, la situación se agrava por la percepción de que ciertos candidatos tienen vínculos estrechos con el poder local. Nombres como Andrés Pérez Howlet, ligado a la Secretaría General de Gobierno, o Roberto Fuentes, cercano a la Secretaría del Ayuntamiento, han sido mencionados como parte de una red de influencias que podría estar operando tras bambalinas.
La denuncia de Escárcega pone en evidencia un problema mayor: la falta de confianza en las instituciones electorales. Con un presupuesto reducido y una organización deficiente, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido señalado por no garantizar un proceso limpio. La pregunta ahora es si las autoridades responderán con una investigación seria o si estas acusaciones quedarán como un eco más de un sistema cuestionado.
El futuro del Tribunal de Disciplina Judicial, que junto con el Órgano de Administración Judicial reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal, está en juego. La ciudadanía espera respuestas claras y un proceso que respete la legalidad, pero el panorama actual solo alimenta la desconfianza en una elección que prometía ser histórica.