La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha puesto la lupa sobre un caso que ha indignado a muchos: el hallazgo de instalaciones ilegales para acumular agua en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Este escándalo destapa posibles irregularidades en el manejo de un recurso tan vital como el agua, especialmente en una región azotada por la sequía.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum anunció que las investigaciones se centrarán en identificar a los responsables de autorizar la construcción de presas y pozos en el rancho. Estas estructuras, según las autoridades, se usaron para acaparar agua de manera ilegal, afectando a comunidades locales que enfrentan escasez. La gravedad del caso ha llevado a la presidenta a advertir que habrá denuncias penales por lo que calificó como un claro robo de recurso hídrico.
El rancho El Saucito, ubicado en Balleza, Chihuahua, ha sido objeto de controversia desde hace tiempo. Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya habían intentado demoler las estructuras hidráulicas ilegales, pero un amparo presentado por los hermanos de Duarte frenó parcialmente estas acciones. Este movimiento legal, concedido en menos de 24 horas, ha levantado sospechas sobre posibles influencias en el sistema judicial.
Sheinbaum señaló que el gobierno federal está revisando todas las concesiones y permisos de agua a nivel nacional. El objetivo es detectar irregularidades similares en otras regiones del país. En el caso de El Saucito, las autoridades han identificado que las construcciones no contaban con los permisos necesarios, lo que agrava la situación en una zona donde la sequía es un problema crítico.
La Conagua, encabezada por Efraín Morales, ha sido clara en su postura: las represas y pozos del rancho no solo eran ilegales, sino que privaban de agua a comunidades indígenas y ejidatarios que dependían de ese recurso. Aunque una de las presas fue demolida y se clausuraron algunos aprovechamientos de agua, el amparo ha complicado los esfuerzos para revertir el daño causado.
Este caso no es aislado, según la presidenta. A lo largo del país, se han detectado otros ejemplos de acaparamiento ilegal de agua, pero el de Chihuahua destaca por su impacto en una región ya de por sí afectada. La sequía en el estado ha golpeado duramente a los habitantes, y el desvío de agua para beneficio privado ha generado indignación entre la población.
Por su parte, César Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, enfrenta este nuevo señalamiento mientras está en libertad condicional, usando un brazalete electrónico. Aunque su defensa argumenta que las construcciones en el rancho tienen décadas de antigüedad y que no se pueden presentar nuevos cargos por hechos previos a su extradición en 2022, las autoridades insisten en que habrá consecuencias para quienes permitieron estas irregularidades.
El caso de El Saucito pone en evidencia los problemas de corrupción y mal manejo de recursos naturales en México. La revisión de permisos hídricos, que ya lleva un avance del 85% según Sheinbaum, busca poner fin a estas prácticas que afectan a los más vulnerables. La pregunta que queda en el aire es: ¿quiénes son los responsables de haber permitido este abuso durante tanto tiempo?