La presidenta Claudia Sheinbaum ha destapado un nuevo caso de abuso de poder que sacude a Chihuahua. En su conferencia matutina, confirmó que el gobierno federal presentó una denuncia penal contra el exgobernador César Duarte por el uso ilegal de agua en su rancho El Saucito, en el municipio de Balleza. La acusación apunta a una apropiación indebida de un recurso vital en una región golpeada por la sequía.
El rancho de Duarte, según la investigación, cuenta con una presa, cinco represas y un pozo construidos sin autorización, que acaparaban 700 mil metros cúbicos de agua del río Conchos. Este volumen, destinado originalmente a riego agrícola y al cumplimiento de tratados internacionales, era utilizado para fines personales, en un acto que Sheinbaum calificó como un robo descarado a la nación.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) intervino en el rancho, iniciando la demolición de las estructuras ilegales. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando una jueza federal otorgó un amparo a Duarte en menos de 24 horas, deteniendo las acciones de Conagua. Sheinbaum señaló que esta misma jueza, Madhay Soto, también frenó la distribución de libros de texto en Chihuahua, sugiriendo un posible contubernio.
El agua en cuestión forma parte de la cuenca regulada por el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos, lo que agrega una dimensión internacional al escándalo. La presidenta subrayó que el gobierno no permitirá que intereses privados se apropien de un recurso nacional, especialmente en una zona donde agricultores y ganaderos enfrentan serias dificultades por la escasez hídrica.
Efraín Morales, director de Conagua, detalló que las inspecciones revelaron un aprovechamiento ilegal del agua, con presas y pozos construidos durante la gestión de Duarte como gobernador. Las imágenes aéreas proyectadas en la conferencia matutina muestran la magnitud de las estructuras, diseñadas para beneficiar exclusivamente al exmandatario.
Sheinbaum destacó que este caso es parte de una estrategia más amplia para ordenar las concesiones de agua en el país. Según la mandataria, se han detectado irregularidades similares en otras regiones, donde empresas y particulares extraen agua sin permisos, afectando el acceso al recurso para comunidades enteras.
La denuncia penal no solo apunta a Duarte, sino también a quienes hayan facilitado este esquema. La presidenta señaló que el caso se litiga tanto en la vía penal como administrativa, ya que el amparo otorgado a Duarte carece de sustento legal y contradice resoluciones previas que negaron su validez.
El gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, respaldó la intervención de Conagua, aunque las críticas no se hicieron esperar. Algunos cuestionan por qué estas irregularidades no fueron detectadas antes, considerando que las estructuras tienen décadas en el rancho de Duarte, según sus defensores.
La polémica crece en un contexto de crisis hídrica que afecta a Chihuahua y otras regiones del país. La apropiación ilegal de agua no solo perjudica a los productores locales, sino que pone en riesgo los compromisos internacionales de México, lo que podría generar tensiones diplomáticas.
Este caso pone bajo los reflectores la gestión del agua en México y el papel de las autoridades en la protección de un recurso cada vez más escaso. La denuncia contra Duarte es un mensaje claro: nadie, ni siquiera un exgobernador, está por encima de la ley cuando se trata de un bien nacional.