El Congreso de Guanajuato decidió este jueves archivar la propuesta para despenalizar el aborto en la entidad, en una votación que mantuvo en vilo a colectivos feministas y grupos provida. Con 19 votos a favor de mantener la penalización y 17 en contra, el estado se mantiene entre los nueve de México que aún criminalizan la interrupción del embarazo.
La sesión, que duró casi cuatro horas, estuvo marcada por un ambiente de alta tensión. Organizaciones feministas ondearon pañuelos verdes en el recinto, mientras que afuera, grupos provida rezaban y exhibían pancartas en defensa de la vida desde la concepción. Las consignas de ambos bandos resonaron dentro y fuera del Congreso, evidenciando la profunda polarización social.
El voto decisivo vino de la diputada Luz Itzel Mendo, del Partido Verde Ecologista de México, quien sorprendió al cambiar su postura a última hora. En su intervención, Mendo argumentó que no apoya normalizar el aborto como política pública y afirmó que en Guanajuato no hay mujeres encarceladas por este delito, sugiriendo que la protección legal ya existe.
Las reacciones no se hicieron esperar. Colectivos feministas interrumpieron la sesión gritando “vendida” y “traicionera” a la diputada, mientras que en redes sociales la acusaron de ceder a presiones. Por su parte, los grupos provida celebraron la decisión como un triunfo en defensa de la vida.
Guanajuato, uno de los estados más conservadores del país, mantiene un Código Penal que castiga el aborto con penas de seis meses a tres años de prisión. A pesar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021, que declaró inconstitucional penalizar la interrupción del embarazo, la entidad no ha armonizado su legislación.
La discusión en el Congreso no es nueva. Hace una semana, la votación terminó en un empate de 18 a favor y 18 en contra, lo que llevó a posponer la decisión. La esperanza de los colectivos feministas de sumar un voto más se desvaneció con el cambio de postura de Mendo, lo que archivó la iniciativa hasta el próximo periodo ordinario en septiembre.
Datos oficiales destacan la gravedad del contexto en Guanajuato. El estado registra la tasa más alta de embarazos adolescentes, con un 31 por ciento, y ha atendido a 466 personas de entre 1 y 17 años por violencia sexual, de las cuales el 90.8 por ciento son mujeres. Estas cifras subrayan la urgencia de abordar los derechos reproductivos.
Organismos internacionales, como la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva, hicieron un llamado previo a la votación para que Guanajuato avanzara hacia un marco normativo que garantice los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, la decisión del Congreso refleja la resistencia de sectores conservadores.
El Partido Acción Nacional, mayoritario en el Congreso, mantuvo su postura en defensa del artículo primero de la Constitución estatal, que protege la vida desde la concepción. Diputados como Susana Bermúdez argumentaron que despenalizar el aborto violaría este principio, consolidando la posición provida.
Con este resultado, Guanajuato se queda rezagado frente a las 23 entidades mexicanas que ya han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La lucha por los derechos reproductivos en el estado promete continuar, tanto en las calles como en los tribunales.