La audiencia incidental para resolver el destino de los presones en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte, fue diferida hasta el próximo lunes, según información del Consejo de la Judicatura Federal. La decisión llega tras un amparo presentado por un tercero, quien argumenta que la demolición de estas estructuras afectaría el acceso al agua de comunidades locales. Este caso sigue generando polémica en Chihuahua, donde las autoridades buscan actuar contra construcciones señaladas como ilegales.
El rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, está en el centro de la controversia. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) planeaba demoler cuatro presones y una presa, considerados ilegales desde 2016. Sin embargo, una suspensión provisional otorgada por una jueza federal detuvo las acciones. La notificación de la demolición fue comunicada el pasado lunes, pero el amparo presentado frenó el proceso, generando críticas hacia el sistema judicial.
El amparo fue promovido por Carlos Omar Villalobos Peinado, quien representa a indígenas del ejido El Trigueño. Según Villalobos, estas comunidades dependen del agua almacenada en los presones para su sustento diario y actividades de supervivencia. La demolición, argumentan, no solo afectaría a los habitantes, sino también a la fauna local y a los esfuerzos para combatir incendios en la región, agravados por la sequía extrema.
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, permanece en libertad condicional con un brazalete electrónico desde junio de 2024. Su rancho, asegurado por la Fiscalía General del Estado desde 2017, sigue siendo objeto de disputas legales. La Conagua insiste en que las construcciones hidráulicas carecen de permisos y afectan el flujo de agua en una cuenca clave para el Tratado de Agua con Estados Unidos.
El caso ha tomado un giro político. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que las acciones de Conagua buscan poner en orden las concesiones de agua, pero ha cuestionado la rapidez con la que se otorgó el amparo. Estas declaraciones han avivado las críticas hacia el Poder Judicial, acusado de proteger intereses particulares en detrimento de las necesidades colectivas.
Por su parte, el abogado de Duarte, Carlos Mendoza, aclaró que el amparo no fue promovido por ellos, sino por ejidatarios e indígenas que se benefician del agua. Mendoza también señaló que el rancho sigue asegurado por la Fiscalía, lo que limita la intervención de Duarte en el predio. Este argumento añade una capa más de complejidad al caso, que enfrenta intereses legales, sociales y ambientales.
La Conagua enfrenta un desafío adicional: justificar por qué tardó cinco años en actuar contra las construcciones detectadas en 2016. En 2019, se impuso una multa de 1.5 millones de pesos a Duarte, pero los recursos legales presentados por el exgobernador retrasaron las acciones hasta este año. La intervención reciente fue frenada por la suspensión provisional, dejando el proceso en pausa.
El lunes, cuando se reanude la audiencia, se espera que se analice el estudio técnico presentado por la Conagua. Mientras tanto, las comunidades indígenas insisten en que el agua de los presones es vital para su supervivencia. Este argumento choca con las prioridades del gobierno federal, que busca garantizar el cumplimiento de tratados internacionales y regular el uso del agua.
La situación en El Saucito no solo refleja un conflicto legal, sino también las tensiones entre el acceso al agua, los derechos de las comunidades y las decisiones administrativas. El caso de César Duarte, con su historial de acusaciones por corrupción, sigue siendo un tema candente en Chihuahua, donde cada desarrollo judicial reaviva el debate público.