El 5 de junio de 2009, un incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, dejó un saldo devastador: 49 niños fallecieron y decenas resultaron heridos. Este suceso, uno de los más trágicos en la historia reciente de México, marcó a las familias y al país entero. Lo que parecía un accidente reveló una cadena de negligencias y fallos en la supervisión de la guardería, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Recientemente, un nuevo capítulo de indignación se abrió para los padres de las víctimas. Con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las condenas a los responsables del incendio fueron reducidas drásticamente. De las 32 personas inicialmente procesadas, solo nueve permanecen sentenciadas, con penas que no superan los seis años de prisión. Este fallo ha reavivado el dolor y la frustración de las familias afectadas.
En 2016, un juez en Sonora dictó sentencias de entre 20 y 29 años de prisión para 19 de los 22 implicados. Sin embargo, tras apelaciones y amparos, las penas se redujeron significativamente en 2022. Entre los sentenciados están Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, socios de la guardería, con penas de cinco años y siete meses, quienes además enfrentan órdenes de reaprehensión vigentes.
Otros implicados, como Arturo César Leyva Lizárraga, exdelegado del IMSS en Sonora, cumplieron su condena en arresto domiciliario. Fausto Salazar Gómez y Jorge Luis Melchor Islas, ligados a la Secretaría de Hacienda estatal, recibieron penas de entre cuatro y cinco años. Solo una persona, Noemí López Sánchez, excoordinadora de guarderías del IMSS, permanece en prisión con una sentencia de ocho años y diez meses.
El incendio comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda, contigua a la guardería, donde las llamas se propagaron sin control. La falta de salidas de emergencia, extintores y medidas de seguridad adecuadas convirtió el lugar en una trampa mortal. Las investigaciones señalaron que la guardería operaba bajo condiciones deficientes, autorizada irregularmente por el IMSS.
La Asociación Cinco de Junio, formada por padres de las víctimas, ha denunciado la complicidad de las autoridades en este caso. Acusan a la SCJN y al sistema judicial de perpetuar la impunidad, permitiendo que funcionarios de alto rango evadan responsabilidades. La reducción de las condenas, según ellos, es una muestra más de corrupción en el sistema judicial mexicano.
A pesar de los esfuerzos por obtener justicia, las familias sienten que el caso ha sido manejado con opacidad. En 2020, el gobierno federal prometió reabrir las investigaciones y garantizar la no repetición de tragedias similares, pero los avances son mínimos. La Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas de investigación, pero no hay condenas contra altos mandos del IMSS o del gobierno estatal.
Este 5 de junio de 2025, los padres y sobrevivientes conmemoran 16 años de la tragedia con una marcha en Hermosillo. Desde las ruinas de la Guardería ABC hasta el Museo de la Universidad de Sonora, las familias alzarán la voz para exigir justicia. Su mensaje es claro: no descansarán hasta que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
La tragedia de la Guardería ABC no solo expuso las fallas en la supervisión de guarderías subrogadas, sino también la falta de accountability en el sistema. Las víctimas, tanto los niños fallecidos como los sobrevivientes con secuelas, merecen una respuesta que aún no llega. Las familias insisten en que la verdad sobre el incendio debe salir a la luz.
Mientras tanto, el caso sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde las familias buscan justicia internacional. La lucha por la verdad y la reparación integral del daño continúa, en medio de un sistema que, para muchos, ha priorizado la protección de los responsables sobre las víctimas.