El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que prohíbe la entrada al país a ciudadanos de 12 naciones, una decisión que revive las controvertidas políticas migratorias de su primer mandato. La medida, que entró en vigor este lunes, afecta a países como Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Según la Casa Blanca, la prohibición busca proteger la seguridad nacional frente a posibles amenazas terroristas.
Además de la veda total, la orden impone restricciones parciales a ciudadanos de siete países adicionales: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Estas restricciones limitan el acceso a visas de turista, estudiante o inmigrante, aunque permiten excepciones para viajeros de negocios con alto poder adquisitivo, quienes deberán someterse a entrevistas personales para obtener un visado.
La justificación de la Casa Blanca se centra en la falta de cooperación de estos países en materia de seguridad y verificación de antecedentes. Según el documento oficial, los gobiernos de las naciones afectadas no comparten información suficiente sobre sus ciudadanos o presentan deficiencias en la emisión de pasaportes, lo que representa un riesgo para Estados Unidos. Trump también señaló que algunos de estos países han rechazado históricamente aceptar a sus ciudadanos deportados.
La medida ha generado reacciones encontradas. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió la decisión, afirmando que protege a los estadounidenses de “actores extranjeros peligrosos”. Sin embargo, críticos han calificado la prohibición como discriminatoria, recordando que durante el primer mandato de Trump, medidas similares fueron bloqueadas por tribunales antes de ser aprobadas por la Corte Suprema en una versión modificada.
El anuncio de la prohibición se produce tras un reciente ataque en Boulder, Colorado, que Trump vinculó a la necesidad de endurecer los controles migratorios. En un mensaje en video, el presidente aseguró que la entrada de extranjeros sin una verificación adecuada representa un peligro extremo para la seguridad del país. También comparó la situación actual con los ataques terroristas ocurridos en Europa en años recientes.
La lista de países vetados incluye naciones de África, Asia, Oriente Medio y América Latina, lo que ha avivado el debate sobre posibles sesgos en la selección. Algunos analistas señalan que la inclusión de países como Cuba y Venezuela responde a tensiones políticas, mientras que otros, como Bután, sorprenden por su bajo perfil en conflictos internacionales. La medida también plantea interrogantes sobre el impacto en las relaciones diplomáticas con estas naciones.
En el caso de los siete países con restricciones parciales, las limitaciones afectan principalmente a quienes buscan visas de turista o inmigración. Los ciudadanos de estas naciones enfrentarán procesos más rigurosos para obtener un visado, lo que podría desalentar los viajes a Estados Unidos. Países como Venezuela han respondido, calificando la medida como un riesgo para sus ciudadanos y criticando la política migratoria de Trump.
Existen excepciones a la prohibición. Los residentes permanentes legales de Estados Unidos, las personas con doble nacionalidad que viajen con un pasaporte de un país no afectado y aquellos con ciertos tipos de visas diplomáticas no se verán impactados. Sin embargo, la incertidumbre persiste para quienes ya poseen visas vigentes, ya que no está claro si estas serán revocadas.
La orden ejecutiva de Trump también establece un plazo de 60 días para que los países en la lista “amarilla” mejoren sus sistemas de verificación y cooperación con Estados Unidos. De no hacerlo, podrían enfrentar restricciones más severas. Esta disposición busca incentivar a los gobiernos a colaborar, pero también ha sido criticada como una presión excesiva sobre naciones con recursos limitados.
La implementación de estas medidas marca un endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, en línea con las promesas de campaña de Trump. Mientras sus defensores aplauden el enfoque en la seguridad nacional, los opositores advierten sobre el impacto en las comunidades migrantes y las relaciones internacionales. El debate sobre esta medida apenas comienza, y su aplicación promete generar nuevas controversias.