En un nuevo capítulo de la crisis desatada por el fraude de Aras Business Group, el Palacio de Gobierno en Chihuahua fue cerrado este martes ante la amenaza de una protesta masiva de los defraudados. Cientos de personas, que perdieron sus ahorros en esta financiera, planean concentrarse en la Plaza Hidalgo a las 11 de la mañana para exigir justicia. La tensión crece en la capital del estado mientras las autoridades locales se preparan para contener el descontento social.
La marcha, según reportes, busca presionar a la gobernadora María Eugenia Campos para que atienda las demandas de los afectados. Los defraudados han denunciado que, a pesar de los años transcurridos desde el colapso de Aras, las autoridades no han entregado soluciones concretas. Muchos de ellos, que invirtieron sus ahorros e incluso hipotecaron propiedades, enfrentan deudas abrumadoras y la incertidumbre de recuperar su dinero.
El caso Aras ha marcado un precedente en Chihuahua por el volumen del fraude. Miles de personas confiaron en esta empresa que prometía rendimientos extraordinarios, pero que terminó en un esquema Ponzi que dejó a más de 7 mil víctimas en el desamparo. Las denuncias formales suman casi 5 mil, aunque solo una fracción ha sido judicializada, lo que alimenta la frustración de los afectados.
La Fiscalía General del Estado ha sido señalada por su lentitud en el proceso. A pesar de que tres fundadores de Aras enfrentan cargos por fraude y asociación delictuosa, los avances son mínimos. Los defraudados exigen que se acelere la judicialización de los casos y que se aseguren los bienes de la empresa para resarcir el daño. La falta de respuestas claras ha llevado a cierres de calles y protestas recurrentes en el centro de Chihuahua.
El reciente anuncio de que el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen (Fanvi) se usará para pagar a los afectados ha generado más dudas que certezas. Aunque los bienes de Aras, valuados en más de 844 millones de pesos, están en resguardo, no está claro cómo se distribuirán ni cuándo comenzará el proceso. Los defraudados temen que este fondo sea insuficiente o que su uso sea una maniobra para dilatar la justicia.
La gobernadora Campos ha sido blanco de críticas por su manejo del caso. Los manifestantes la acusan de no cumplir con las promesas hechas durante su campaña, cuando se comprometió a buscar justicia para las víctimas. Las pancartas en protestas anteriores han señalado complicidad del gobierno estatal con los responsables del fraude, aunque no hay pruebas que sustenten estas acusaciones.
La protesta de hoy no es un hecho aislado. Desde 2021, los defraudados han cerrado vialidades como la avenida Aldama y Venustiano Carranza, causando caos vehicular en el centro de la ciudad. Estas acciones reflejan el hartazgo de quienes han esperado años por una resolución. La Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, se ha convertido en un punto de encuentro constante para estas manifestaciones.
El cierre preventivo del Palacio de Gobierno evidencia el temor de las autoridades a un nuevo episodio de tensión. La Policía Vial y de Transporte ha sido desplegada para evitar incidentes, pero los defraudados aseguran que no levantarán la protesta hasta obtener respuestas concretas. La situación pone en jaque la capacidad del gobierno estatal para manejar una crisis que afecta a miles de chihuahuenses.
Mientras tanto, los afectados buscan llevar su caso a instancias internacionales, argumentando que las autoridades locales y federales han fallado en garantizar justicia. El abogado Mariano Cordero, representante de un grupo de víctimas, ha señalado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reconoció desde 2021 las irregularidades de Aras, pero la acción legal no ha avanzado al ritmo esperado.
El escándalo de Aras sigue siendo una herida abierta en Chihuahua. La marcha de hoy será un termómetro del descontento social y de la presión que enfrentan las autoridades para resolver un caso que ha devastado la economía de miles de familias. La ciudadanía espera que esta protesta marque un punto de inflexión en la búsqueda de justicia.