Un derrame de hidrocarburos en la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco, ha desatado una nueva controversia para Pemex. El incidente, ocurrido el 4 de mayo, afectó las costas de Paraíso, dejando a cientos de pescadores sin sustento. La empresa estatal, vinculada al gobierno federal, ha sido señalada por su lenta respuesta y falta de apoyo a las comunidades afectadas.
El derrame, originado por dos fugas en un ducto que conecta la plataforma Akal-C con la refinería Olmeca, contaminó al menos 16 kilómetros de litoral. Playas como Sol, Brisas del Paraíso y El Mirador fueron cerradas, impactando no solo la pesca, sino también el turismo local. La mancha negra de chapopote llegó hasta la Laguna de Mecoacán, un área natural protegida, causando daños irreparables a manglares y fauna marina.
Pescadores de la zona, como Asunción Medina Cruz, denuncian que llevan más de un mes sin poder trabajar. Sus redes y embarcaciones quedaron inutilizables por el crudo, y las familias que dependen de la pesca enfrentan una crisis económica. Más de 1,500 pescadores, organizados en cooperativas como Jarochoco y Puerto Ceiba, reportan pérdidas millonarias en sus equipos y capturas.
Pemex, tras días de silencio, reconoció el derrame el 7 de mayo, asegurando que contuvo las fugas con abrazaderas metálicas. Sin embargo, la limpieza de las playas no se completó hasta el 9 de mayo, según la empresa. A pesar de ello, los pescadores aseguran que los trabajos fueron insuficientes y que el daño ambiental persiste, con peces muertos y aves cubiertas de petróleo.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el derrame involucró unos 300 barriles de crudo, provenientes de un ducto de los años setenta. Aunque prometió apoyo a los pescadores, las comunidades afectadas dicen que no han recibido ayuda concreta. La falta de un censo para evaluar los daños ha generado más frustración entre los trabajadores del mar.
El gobierno de Tabasco, encabezado por Javier May, presentó una denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para exigir que Pemex rinda cuentas. La Secretaría de Medio Ambiente estatal señaló que la contaminación afectó ecosistemas clave, como bancos ostrícolas y manglares, que podrían tardar décadas en recuperarse.
Pemex anunció recientemente que iniciará una mesa de negociación con los pescadores organizados. La empresa insiste en que el impacto fue moderado y que la pesca no se detuvo por completo. Sin embargo, los pescadores libres, que no cuentan con permisos oficiales, enfrentan mayores dificultades para acreditar sus pérdidas y acceder a compensaciones.
Organizaciones ambientalistas han alzado la voz, recordando que este no es el primer incidente de Pemex en la región. Derrames anteriores, como el de Cantarell en 2023, y el incendio de 2021, conocido como “ojo de fuego”, evidencian un patrón de negligencia. La refinería Olmeca, aún en fase de pruebas, sigue siendo un foco de críticas por sus impactos ambientales.
La propuesta de Pemex de ofrecer combustible gratuito por un año a los pescadores afectados ha sido recibida con escepticismo. Las cooperativas pesqueras exigen soluciones reales, como la reposición de equipos dañados y un plan de restauración ambiental. Mientras tanto, la incertidumbre persiste para las familias que dependen de la pesca en Paraíso.
Este nuevo escándalo pone en entredicho la gestión de Pemex y el compromiso del gobierno federal con las comunidades costeras. La presión crece para que se tomen medidas urgentes que mitiguen el daño y eviten más desastres en una región ya golpeada por la contaminación.