El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta un nuevo desafío económico tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar los aranceles al acero y aluminio del 25% al 50%. Esta medida, que entró en vigor el 4 de junio, amenaza con impactar severamente a la industria mexicana, especialmente en sectores clave como el automotriz, la construcción y la electrónica.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, calificó la decisión como injusta e insostenible, argumentando que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con México en estos productos. Según Ebrard, no tiene sentido imponer aranceles a un país con el que se tiene una balanza comercial favorable, y advirtió que el impacto económico será significativo tanto para México como para Estados Unidos.
El viernes, Ebrard viajará a Washington para negociar directamente con las autoridades estadounidenses. Su objetivo es claro: lograr que México sea excluido de esta medida, como ocurrió con el Reino Unido. El secretario confía en que las discusiones permitan revertir la decisión, destacando la profunda integración económica entre ambos países bajo el marco del T-MEC.
La industria mexicana del acero y el aluminio está en alerta. En 2024, México exportó a Estados Unidos más de 16 mil millones de dólares en estos productos, representando el 2.13% de las exportaciones totales del país. Un aumento en los aranceles podría reducir hasta un 4% estas exportaciones, afectando a empresas en estados como Nuevo León, Coahuila y Veracruz, donde operan gigantes como Ternium y ArcelorMittal.
El impacto no se limita a la industria siderúrgica. Sectores como el automotriz, que depende en gran medida del acero y el aluminio, podrían enfrentar incrementos en costos que afectarían su competitividad en el mercado estadounidense. Asimismo, la construcción y la producción de electrodomésticos se verían perjudicadas, lo que podría traducirse en alzas de precios para los consumidores.
La estrategia de México incluye resaltar el superávit comercial de Estados Unidos en el sector siderúrgico, que supera los 6 mil millones de dólares. Ebrard argumentará que los aranceles no solo dañan a México, sino que también afectan la economía estadounidense al encarecer productos esenciales para sus industrias.
La administración de Sheinbaum ha optado por una postura de diálogo, evitando por ahora medidas retaliatorias como las anunciadas por Canadá y la Unión Europea. Sin embargo, la presión aumenta para que el gobierno mexicano defienda los intereses de sus exportadores, mientras enfrenta críticas por no haber anticipado esta crisis.
La incertidumbre generada por la política proteccionista de Trump ha sacudido los mercados y generado preocupación entre los empresarios mexicanos. Algunos analistas advierten que, de no lograrse una exención, México podría verse forzado a imponer aranceles recíprocos, lo que escalaría las tensiones comerciales en la región.
Mientras tanto, el gobierno mexicano prepara un plan alternativo. En caso de que las negociaciones en Washington no prosperen, Sheinbaum ha indicado que se evaluarán medidas para proteger la economía nacional, aunque no se han detallado cuáles serían estas acciones.
El futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos pende de un hilo. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si México logra esquivar este nuevo obstáculo o si la industria nacional sufrirá las consecuencias de una guerra arancelaria que parece lejos de terminar.