En un golpe contundente contra el robo de combustible, autoridades federales irrumpieron en dos empresas ubicadas en Cadereyta, Nuevo León, donde aseguraron más de 309 mil litros de hidrocarburo robado, conocido como huachicol. El operativo, llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR), expuso una red de actividades ilícitas que operaba a gran escala en la región.
El despliegue no fue poca cosa: más de 150 vehículos, entre ellos 89 tractocamiones, 54 autotanques y 10 remolques tipo dolly, fueron confiscados en las instalaciones. Además, se encontraron dos plantas procesadoras de hidrocarburo, evidenciando la magnitud de las operaciones ilegales. Este hallazgo pone en la mira la falta de control en el combate al huachicoleo en el estado.
El operativo se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, pero deja preguntas abiertas sobre cómo estas actividades pudieron operar sin ser detectadas antes. Las autoridades no reportaron detenciones inmediatas, lo que genera dudas sobre la eficacia de las acciones para capturar a los responsables detrás de esta red.
En una de las empresas cateadas, ubicada en el municipio de Cadereyta, se hallaron dos tanques de almacenamiento y una grúa de carga, herramientas clave para el manejo y distribución del combustible robado. La cantidad de hidrocarburo asegurado equivale a llenar varias pipas de gran capacidad, lo que refleja la gravedad del problema en la zona.
El huachicoleo, un delito que afecta directamente a Petróleos Mexicanos (Pemex) y al erario nacional, parece lejos de ser erradicado. A pesar de los discursos oficiales que aseguran avances en el combate a este ilícito, operativos como este muestran que las redes de robo de combustible siguen operando con impunidad en varios puntos del país.
Nuevo León, y en particular Cadereyta, se ha convertido en un foco rojo para este tipo de actividades delictivas. La cercanía de la región con ductos de Pemex facilita la extracción ilegal, pero también señala la falta de vigilancia efectiva en áreas clave. Los habitantes de la zona han expresado su preocupación por la inseguridad que estas operaciones generan.
El aseguramiento de las plantas procesadoras es un dato alarmante: no solo se trata de robar combustible, sino de procesarlo para su distribución en el mercado negro. Esto sugiere un nivel de organización que va más allá de simples tomas clandestinas, involucrando estructuras complejas que operan bajo el radar de las autoridades.
La FGR ha informado que los vehículos y el combustible asegurados quedaron bajo resguardo, mientras se integran las carpetas de investigación correspondientes. Sin embargo, la ausencia de detenidos en este operativo refuerza la percepción de que el gobierno no está atacando de raíz el problema del huachicoleo.
Este decomiso se suma a otros realizados recientemente en el país, pero la recurrencia de estos casos evidencia un problema estructural. El robo de combustible no solo representa pérdidas millonarias para el Estado, sino que también pone en riesgo la seguridad de las comunidades cercanas a los ductos.
Mientras las autoridades celebran este aseguramiento como un éxito, la ciudadanía espera resultados concretos: capturas de los líderes de estas redes y medidas que realmente frenen el huachicoleo. Por ahora, Cadereyta sigue siendo un recordatorio de los retos que México enfrenta en materia de seguridad y combate al crimen organizado.