El pasado domingo 1 de junio, México vivió una jornada electoral sin precedentes para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Sin embargo, la participación fue un rotundo fracaso: solo un 10% de los ciudadanos acudió a las urnas. Esto significa que nueve de cada diez mexicanos dieron la espalda a la iniciativa impulsada por el partido gobernante, Morena, y su presidenta, Claudia Sheinbaum.
La elección, promovida como un ejercicio histórico para “democratizar” el Poder Judicial, fue criticada desde su origen. La oposición señaló que el proceso estaba diseñado para favorecer a Morena, con acusaciones de candidatos ligados al partido y hasta sospechas de vínculos con el crimen organizado. Las boletas, con cientos de nombres desconocidos para la mayoría, generaron confusión y desinterés entre los votantes.
A pesar de las promesas de transparencia, el Instituto Nacional Electoral reportó una participación de apenas 13 millones de personas, de un padrón de casi 100 millones. La presidenta Sheinbaum calificó la jornada como un “éxito”, pero las imágenes de casillas vacías y las protestas ciudadanas contaron una historia diferente. La oposición no tardó en reaccionar, denunciando el proceso como una farsa.
Figuras como Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial, y el empresario Ricardo Salinas Pliego llamaron a boicotear la elección, argumentando que era un intento de Morena por controlar el Poder Judicial. Incluso intelectuales y académicos, como Enrique Krauze, se sumaron a las críticas, afirmando que la reforma amenaza la independencia judicial y la división de poderes en México.
El proceso estuvo marcado por irregularidades. Organizaciones civiles, como Defensorxs, documentaron al menos 13 candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico o actos de corrupción. Además, los “acordeones” distribuidos por Morena, con listas de candidatos preferidos, fueron señalados como una práctica para manipular el voto, algo que el INE calificó como ilegal.
La baja participación no solo refleja el desinterés ciudadano, sino también el rechazo a un proceso que muchos consideran poco transparente. Expertos advierten que la legitimidad de los jueces electos está en entredicho, ya que un 90% de abstención pone en duda la representatividad de los resultados. La complejidad de las boletas y la falta de información clara sobre los candidatos contribuyeron al desencanto.
En la Ciudad de México, cientos de personas salieron a las calles en la llamada “Marcha por la libertad”, protestando contra lo que denominaron un “domingo negro” para la democracia. Con pancartas y banderas mexicanas, los manifestantes exigieron respeto a la independencia judicial y denunciaron un supuesto intento de Morena por consolidar su poder.
Mientras el gobierno celebra el proceso, la oposición ya anunció que buscará la anulación de la elección en los tribunales. Argumentan que las irregularidades, como el acarreo y la falta de equidad, invalidan los resultados. Sin embargo, con un Poder Judicial en transición, no está claro cómo se resolverán estas impugnaciones.
La elección judicial, presentada como un paso hacia la justicia popular, ha dejado más preguntas que respuestas. La abrumadora abstención ciudadana envía un mensaje claro: la confianza en el proceso es casi nula. México enfrenta ahora un futuro incierto, con un Poder Judicial renovado pero cuestionado desde su nacimiento.
Este episodio ha profundizado la polarización en el país. Mientras Morena insiste en que la reforma fortalece la democracia, sus críticos advierten que el control del Poder Judicial podría tener consecuencias graves para el equilibrio de poderes. La discusión está lejos de terminar, y los mexicanos seguirán atentos a lo que viene.