Gerardo Vargas Landeros, exalcalde de Ahome, Sinaloa, ha sido vinculado a proceso por presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad. La acusación está relacionada con un contrato irregular para el arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos, realizado sin licitación pública durante su gestión.
El caso tomó relevancia tras su detención el pasado 30 de mayo en Los Mochis, luego de que no se presentara a una audiencia programada. Vargas Landeros, quien había sido desaforado por el Congreso de Sinaloa el 2 de mayo, fue trasladado a Culiacán para comparecer ante un juez de control.
La fiscalía estatal señaló que el exalcalde incumplió con la ley de adquisiciones al firmar el contrato sin un proceso de licitación transparente. Este hecho, según las autoridades, constituye un claro abuso de autoridad y un desempeño irregular de la función pública.
Durante la audiencia inicial, que se extendió por varias horas, el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal. Se otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, tiempo en el que Vargas deberá presentarse periódicamente a firmar.
Además, se le impuso la medida cautelar de no salir del país sin autorización judicial. Este requisito busca garantizar que el exfuncionario permanezca disponible para enfrentar el proceso en curso.
Vargas Landeros, por su parte, se ha declarado tranquilo y confiado en que podrá demostrar su inocencia. En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó contar con el respaldo de la sociedad y aseguró que las pruebas a su favor aclararán su situación legal.
El caso ha generado controversia en Sinaloa, donde Vargas es el tercer alcalde morenista desaforado durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. Los otros dos, Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez, también enfrentaron acusaciones por presuntos actos de corrupción.
Las críticas no se han hecho esperar, y en redes sociales se señala una supuesta persecución política contra figuras de Morena en el estado. Sin embargo, las autoridades insisten en que el proceso contra Vargas se basa en irregularidades administrativas documentadas.
El contrato de las patrullas, firmado durante su administración, ha sido cuestionado por su alto costo y la falta de un proceso competitivo. Los 171 millones de pesos destinados a este arrendamiento han puesto bajo escrutinio la gestión de los recursos públicos en Ahome.
Este caso pone de manifiesto los retos que enfrenta la administración pública en términos de transparencia y rendición de cuentas. La resolución del proceso contra Vargas Landeros será clave para determinar las consecuencias de estas acusaciones.