La elección judicial del pasado domingo 1 de junio marcó un antes y un después en México, pero no por las razones que el partido Morena esperaba. Según la oposición, el proceso fue un rotundo fracaso, con una participación de apenas el 10% del padrón electoral. Esto significa que nueve de cada diez mexicanos decidieron darle la espalda a lo que califican como una maniobra política para controlar el Poder Judicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la elección como un éxito, afirmando que 13 millones de mexicanos participaron en este ejercicio histórico. Sin embargo, las cifras del Instituto Nacional Electoral (INE) pintan un panorama muy diferente. Con casi 100 millones de electores habilitados, la participación fue mínima, comparable a los bajos índices de un referéndum fallido de 2021.
La oposición, conformada por partidos como el PAN, PRI y MC, no tardó en alzar la voz. Argumentan que la baja participación refleja el rechazo ciudadano a un proceso que consideran manipulado. Según sus declaraciones, Morena buscó imponer jueces y magistrados afines a su proyecto político, utilizando tácticas como la distribución de “acordeones” con nombres de candidatos preferidos por el partido.
El proceso electoral estuvo envuelto en controversia desde el inicio. Organizaciones civiles, como Defensorxs, señalaron que al menos 13 candidatos tenían vínculos con el crimen organizado o irregularidades graves. Entre ellos destaca Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien buscaba un puesto como jueza penal en Chihuahua.
Las protestas no se hicieron esperar. En la Ciudad de México, ciudadanos marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, portando pancartas con mensajes como “No al fraude” y “Fuera Morena”. Los manifestantes denunciaron que la elección amenaza la independencia del Poder Judicial y acusaron al gobierno de orquestar un fraude electoral.
La complejidad del proceso también desalentó a los votantes. Cada ciudadano recibió hasta seis boletas con un promedio de 200 candidatos, lo que generó confusión y desinterés. Además, se reportaron irregularidades como proselitismo dentro de las casillas y problemas con la plataforma de registro de candidatos, que estuvo caída durante varios días.
La oposición ha anunciado que buscará la anulación de la elección, argumentando que no cumple con los principios de transparencia y equidad. Líderes como Kenia López, del PAN, han señalado que el pueblo mexicano envió un mensaje claro al abstenerse masivamente de participar en lo que llaman una “farsa democrática”.
Mientras tanto, Morena insiste en que la elección fortalece la democracia. La ministra en funciones Lenia Batres celebró la participación de figuras como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue visto votando con una lista en mano. Sin embargo, la oposición asegura que esta imagen solo refuerza las acusaciones de manipulación.
El futuro del Poder Judicial está en el centro del debate. Con una participación tan baja, la legitimidad de los nuevos jueces, magistrados y ministros está en entredicho. La oposición advierte que este proceso podría consolidar el control de Morena sobre una institución clave para el equilibrio de poderes en México.
Este episodio ha intensificado la polarización política en el país. Mientras el gobierno defiende la reforma como un paso hacia una justicia más democrática, los críticos aseguran que es un intento descarado de someter al Poder Judicial a los intereses de la Cuarta Transformación.