El RUAC es un documento obligatorio que permite registrar a las mascotas en una base de datos oficial. Según las autoridades, el objetivo es facilitar la identificación de los animales en casos de extravío, robo o maltrato, además de promover campañas de salud como vacunaciones y esterilizaciones. Sin embargo, la implementación de esta medida ha generado críticas por su carácter impositivo y las sanciones asociadas.
No tramitar el RUAC puede resultar en multas que van desde los 2,279 hasta los 3,365 pesos, dependiendo del valor de la Unidad de Medida y Actualización. Estas sanciones, establecidas en el artículo 66 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, también contemplan arrestos administrativos de 24 a 36 horas en casos más graves, lo que ha encendido el debate sobre la proporcionalidad de los castigos.
El trámite, aunque gratuito, requiere que los dueños proporcionen datos detallados de sus mascotas, como nombre, raza, edad, estado de salud y fotografías desde diferentes ángulos. El registro puede realizarse en línea a través de la plataforma oficial del RUAC o de manera presencial en los Centros de Atención Animal de cada alcaldía. La información recopilada será utilizada por la Agencia de Atención Animal para implementar políticas públicas enfocadas en el cuidado animal.
La obligatoriedad del RUAC se deriva de la reciente reforma a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, conocida como “Ley Maple”. Esta legislación reconoce a las mascotas como seres sintientes, otorgándoles derechos legales y reforzando las responsabilidades de los propietarios. Sin embargo, la falta de claridad en la difusión de esta norma ha generado confusión entre los habitantes de la capital.
Críticos del gobierno de Morena en la Ciudad de México señalan que esta medida, aunque bien intencionada, parece más una herramienta recaudatoria que una solución efectiva para el bienestar animal. La imposición de multas elevadas y la posibilidad de arrestos han sido calificadas como excesivas, especialmente en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas.
Por otro lado, el gobierno capitalino defiende el RUAC argumentando que facilitará la localización de mascotas perdidas y fortalecerá las campañas de salud animal. Además, se exige que los animales porten una placa de identificación con su clave RUAC, lo que podría agilizar los procesos en caso de que terminen en un centro de atención canina o felina.
A pesar de los beneficios potenciales, la medida no ha estado exenta de controversias. Organizaciones de protección animal han señalado que el registro podría ser un primer paso positivo, pero critican la falta de infraestructura para garantizar que los servicios prometidos, como vacunaciones gratuitas, lleguen a todas las alcaldías de manera efectiva.
El RUAC también plantea retos para los dueños de múltiples mascotas, ya que cada animal debe contar con su propia clave. Esto implica un esfuerzo adicional para quienes tienen varios perros, gatos o incluso otras especies como aves o reptiles, lo que podría desincentivar el cumplimiento de la norma en algunos hogares.
En resumen, el gobierno de la Ciudad de México ha dado un paso audaz con el RUAC, pero su implementación está lejos de ser perfecta. Mientras las autoridades insisten en los beneficios para las mascotas, los ciudadanos enfrentan el desafío de adaptarse a esta nueva obligación bajo la amenaza de sanciones económicas y administrativas.