Un Tribunal Colegiado en Reynosa, Tamaulipas, ha confirmado la absolución de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014. La decisión, tomada este 3 de junio, reafirma una sentencia de 2022 que ya había exonerado al político, señalado como uno de los principales responsables de la tragedia que marcó al país.
La resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ha desatado indignación entre los familiares de los estudiantes y organizaciones de derechos humanos. Según el fallo, no se presentaron pruebas suficientes para vincular a Abarca con el delito de secuestro, a pesar de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa lo señaló como autor intelectual del ataque.
Abarca, identificado como “A1” en el informe de la Comisión, habría dado la orden de “recuperar la mercancía” y atacar a los normalistas, según mensajes analizados por las autoridades. Sin embargo, el tribunal argumentó que la Fiscalía General de la República no logró sustentar la acusación, dejando un vacío en la búsqueda de justicia para las víctimas.
Aunque esta absolución cierra el capítulo de Abarca en el caso Ayotzinapa, el exalcalde no recuperará su libertad. Actualmente cumple una condena de 20 años por el homicidio del activista Justino Carbajal Salgado y otra de 92 años por el secuestro y asesinato de seis activistas de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata en 2013.
Además, Abarca enfrenta procesos pendientes por lavado de dinero y delitos contra la salud, lo que lo mantiene recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Estas condenas, sin embargo, no mitigan el impacto de su exoneración en el caso de los normalistas, que sigue siendo una herida abierta para México.
Los padres de los 43 estudiantes, junto con sus asesores legales, intentaron revertir la absolución mediante un amparo, pero el tribunal lo desechó. La resolución argumentó que los familiares, como víctimas indirectas, no tenían participación procesal en las instancias previas, cerrando así la puerta a una revisión judicial.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han criticado duramente el fallo, calificándolo como un reflejo de las fallas estructurales del sistema judicial mexicano. La falta de pruebas contundentes y las irregularidades en las investigaciones iniciales han debilitado el caso desde sus inicios.
La absolución de Abarca se suma a una serie de reveses judiciales en el caso Ayotzinapa, donde decenas de acusados han sido liberados por torturas durante sus detenciones o por insuficiencia de pruebas. Este escenario refuerza la percepción de impunidad que rodea uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país.
Mientras las familias de los normalistas siguen exigiendo verdad y justicia, el fallo del tribunal pone en entredicho el compromiso de las autoridades para esclarecer los hechos. La noche de Iguala, como se conoce a los eventos de 2014, permanece como un símbolo de la lucha contra la impunidad en México.
Para muchos, esta decisión no solo es un revés judicial, sino una afrenta a la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos, cuyas familias continúan atrapadas en la incertidumbre, sin respuestas claras tras más de una década de dolor.