La sombra de una dictadura se cierne sobre México. La reciente reforma al Poder Judicial, impulsada por Morena, no es solo un ajuste legislativo, sino un movimiento calculado para desmantelar la autonomía de las instituciones. Bajo el pretexto de una supuesta “elección democrática” de jueces, el gobierno busca consolidar un control absoluto, eliminando cualquier contrapeso que pueda frenar sus decisiones. Lo que se presenta como un ejercicio popular es, en realidad, un proceso amañado que amenaza con destruir la división de poderes, un pilar fundamental de cualquier democracia.
La historia parece repetirse. Hace décadas, el PRI dominaba con mano de hierro, manipulando elecciones y controlando instituciones. Hoy, Morena sigue un guion peligrosamente similar. Con el reparto discrecional de recursos públicos, el partido en el poder ha creado una maquinaria que recuerda al viejo “partido aplanadora”. Las dádivas, los programas sociales y el uso electoral del presupuesto no son más que herramientas para comprar lealtades y silenciar críticas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no se queda atrás en este camino autoritario. Su administración ha respaldado iniciativas que buscan limitar la libertad de expresión, como el intento de aprobar una ley que otorgaría al Ejecutivo facultades para censurar contenidos en internet. Aunque el senador Ricardo Anaya logró frenar momentáneamente esta medida al exponer su verdadera intención, el simple hecho de que se haya propuesto revela las intenciones del régimen.
La economía, otro pilar afectado, sufre las consecuencias de políticas populistas que han llevado al país al borde de la bancarrota. Programas como “Alimentación para el Bienestar” no son más que espejos de iniciativas fallidas del pasado, como el Sistema Alimentario Mexicano de López Portillo, que prometía autosuficiencia alimentaria pero terminó en un rotundo fracaso. La deuda pública crece, mientras la pobreza se transforma en miseria para millones de mexicanos.
El control del Poder Judicial es, sin duda, el golpe más audaz. La llamada “Elección del Poder Judicial” no busca democratizar, sino someter. Sin oposición real ni contrapesos, Morena pretende moldear un sistema judicial a su medida, con jueces leales al régimen en lugar de a la ley. Esto no solo pone en riesgo la justicia, sino que abre la puerta a la impunidad y al abuso de poder.
El autoritarismo también se refleja en la respuesta del gobierno a las críticas. En lugar de debatir con argumentos, el régimen opta por descalificaciones y amenazas. Un ejemplo claro es la reacción contra el expresidente Ernesto Zedillo, a quien se le ha acusado de manera absurda de vínculos con el crimen organizado y se le ha amenazado con retirar su pensión. Estas tácticas buscan intimidar a cualquiera que se atreva a cuestionar al gobierno.
El panorama internacional no es alentador. Las reformas impulsadas por Morena, como la Ley de Telecomunicaciones, han generado preocupación en organismos como el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, que advierte sobre riesgos de censura y violaciones a tratados internacionales como el TMEC. México podría enfrentarse a sanciones económicas, lo que agravaría aún más la crisis que vive el país.
La ciudadanía, mientras tanto, observa con preocupación cómo las instituciones democráticas se debilitan. La falta de liderazgos opositores sólidos, sumada a la complicidad de algunos partidos que deberían ser contrapeso, deja al país en una posición vulnerable. La alianza entre Morena y sectores del PRI, conocida como “PRIMOR”, solo refuerza la idea de que los intereses políticos están por encima del bienestar nacional.
El riesgo de un “cuartelazo” moderno, orquestado desde el poder, no es una fantasía. Las ambiciones de quienes rodean a Sheinbaum y su lealtad al proyecto de López Obrador podrían llevar al país a un escenario donde la democracia sea solo un recuerdo. México, que alguna vez evitó dictaduras militares gracias a su constitución, ahora enfrenta una amenaza diferente, pero igual de peligrosa.
La verdad, como siempre, incomoda. Pero callar no es una opción. Los mexicanos merecen saber hacia dónde se dirige su país y qué está en juego. La lucha por preservar la democracia y las libertades no puede detenerse, porque una vez que se pierden, recuperarlas es una tarea casi imposible.