México enfrenta una crisis de seguridad que no da tregua. La falta de una industria armamentista nacional ha dejado el camino libre para que las armas de Estados Unidos inunden el país, armando a delincuentes y alimentando la violencia. Desde los tiempos de la Revolución, los gringos han hecho negocio con el conflicto mexicano, vendiendo armas a rebeldes y federales por igual. Hoy, el panorama no ha cambiado: los narcos se surten en armerías del otro lado de la frontera, mientras el gobierno no logra frenar el flujo.
El contrabando de armas es un problema que lleva décadas sin solución. Pancho Villa, los cristeros, las guerrillas de los sesenta y ahora los cárteles han encontrado en Estados Unidos un suministro constante de armamento. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene el monopolio legal de la venta de armas en México, pero esto no ha detenido a los grupos criminales, que aprovechan la porosidad de la frontera para equiparse con rifles, pistolas y municiones.
La situación se agrava con la inacción del gobierno federal. Mientras los cárteles se fortalecen, la estrategia de “abrazos, no balazos” ha sido cuestionada por su falta de resultados. La violencia no cede, y los ciudadanos viven bajo la amenaza constante de enfrentamientos, extorsiones y asesinatos. La incapacidad para controlar el tráfico de armas desde Estados Unidos pone en evidencia la fragilidad de las políticas de seguridad.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado la responsabilidad de Estados Unidos. En una de sus conferencias matutinas, destacó que el 74% de las armas usadas por los cárteles provienen del vecino del norte, según datos del Departamento de Justicia estadounidense. México ha presentado una demanda internacional contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, pero los resultados son inciertos.
Por su parte, Donald Trump ha aprovechado el tema para señalar al gobierno mexicano. Acusa a México de ser cómplice del crimen organizado y ha propuesto declarar a los cárteles como grupos terroristas. Esta postura no solo tensa las relaciones bilaterales, sino que ignora el papel de Estados Unidos como proveedor de las armas que alimentan la violencia en México.
La retórica de Trump no es nueva. Durante su campaña, prometió medidas drásticas contra los cárteles, incluyendo posibles intervenciones militares. Sin embargo, su enfoque parece olvidar que el mercado armamentista estadounidense es parte del problema. Mientras las armerías gringas sigan vendiendo, los cárteles seguirán armados hasta los dientes.
En México, la respuesta del gobierno no convence. La reciente operación “Enjambre” en el Estado de México resultó en la detención de 14 funcionarios, pero no tocó a los grandes capos. Esta acción, aunque destacada como un avance, parece más un gesto para calmar las críticas que un golpe real contra el crimen organizado.
La sociedad mexicana paga el precio de esta crisis. La inseguridad no solo afecta a las grandes ciudades, sino también a comunidades rurales donde los cárteles imponen su ley. La falta de una estrategia efectiva y la dependencia de armas extranjeras mantienen al país en un círculo vicioso de violencia.
La relación con Estados Unidos sigue siendo un punto crítico. Los aranceles propuestos por Trump podrían encarecer productos mexicanos, desde automóviles hasta alimentos, afectando a los consumidores de ambos lados de la frontera. Mientras tanto, el flujo de armas no se detiene, y México sigue atrapado en una guerra que no puede ganar solo.
El panorama es desolador. Sin una acción coordinada entre ambos países y un cambio profundo en las políticas de seguridad, las armas seguirán cruzando la frontera, y los cárteles seguirán sembrando terror. México necesita más que discursos: urge una estrategia que corte de raíz el problema del tráfico de armas.