En una jornada que marcará la historia judicial de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será renovada con nueve nuevos ministros, todos señalados como cercanos al partido Morena y sus aliados. Este cambio, resultado de la primera elección por voto popular, ha generado controversia por la falta de experiencia judicial de los elegidos.
El nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar López, un abogado de origen mixteco y funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, encabezará el máximo tribunal del país a partir del 1 de septiembre de 2025. Su elección, con el mayor número de votos, sorprendió a muchos, ya que superó a las ministras en funciones afines al gobierno.
Entre los nuevos ministros se encuentran Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes llegaron a la Corte en el pasado por designación del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, sin contar con una trayectoria judicial sólida. A ellas se suma María Estela Ríos, ex consejera jurídica de López Obrador, consolidando una alineación claramente vinculada a la 4T.
La lista continúa con figuras como Giovanni Figueroa, un académico, e Irving Espinosa, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y ex asesor de Morena. También destaca Arístides Guerrero, ex presidente del Instituto de Transparencia capitalino, completando un grupo que ha sido cuestionado por su cercanía al poder político.
Esta elección ha sido criticada por su opacidad y por el uso de los llamados “acordeones”, volantes y mensajes atribuidos a Morena que promovieron a los candidatos electos. La falta de participación ciudadana en el proceso, calificado como desorganizado, ha levantado dudas sobre la legitimidad de los resultados.
El impacto de esta renovación es profundo: la era de los jueces con carrera judicial ha quedado atrás. Los nuevos ministros, sin experiencia significativa en el Poder Judicial, representan un cambio radical en la impartición de justicia en México, alineada con los intereses del partido en el poder.
La jornada electoral del 1 de junio de 2025 fue descrita como un fracaso por su baja participación y problemas logísticos. Incluso el ex presidente López Obrador fue visto utilizando un “acordeón” al emitir su voto, lo que desató críticas por la falta de transparencia en el proceso.
Este nuevo capítulo en la justicia mexicana plantea serias preguntas sobre la independencia del Poder Judicial. Con una Corte dominada por perfiles cercanos a la 4T, el equilibrio de poderes en el país podría estar en riesgo, según analistas.
El proceso no estuvo exento de irregularidades. Reportes señalan incidentes como la sustracción de paquetes electorales y retrasos en la apertura de casillas, lo que alimentó las críticas sobre la organización del Instituto Nacional Electoral (INE) en este histórico proceso.
A partir de septiembre de 2025, México verá una Suprema Corte transformada, pero las dudas sobre su capacidad para garantizar justicia imparcial persisten. El rumbo del sistema judicial, ahora en manos de la 4T, será un tema clave en los próximos años.