En una elección histórica, Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, lidera los resultados para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con más del 86% de las actas computadas, Aguilar Ortiz suma cerca de 4.8 millones de votos, superando por un margen estrecho a la ministra Lenia Batres. Este resultado, de confirmarse, marcaría un hito al colocar a un representante indígena al frente del máximo tribunal del país.
Aguilar Ortiz, postulado por el Poder Ejecutivo, ha centrado su carrera en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Su trayectoria incluye haber sido subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca y coordinador en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Su campaña, bajo el lema “Ya nos toca”, resonó entre los votantes, quienes lo posicionaron como favorito en una contienda inédita.
La elección de Aguilar Ortiz no está exenta de polémica. Su cercanía con el oficialismo, liderado por Morena, levanta sospechas sobre la independencia judicial. Durante su gestión en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se le vinculó con controversias, como la consulta para el Tren Maya, criticada por no cumplir estándares internacionales. Estas acusaciones han generado dudas sobre su imparcialidad.
El conteo del Instituto Nacional Electoral revela que tres ministras actuales, todas cercanas a Morena, también aseguraron su lugar en el pleno de la Suprema Corte. Lenia Batres, con 4.6 millones de votos, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, con poco más de 4 y 3.9 millones respectivamente, consolidan una fuerte presencia del oficialismo en el tribunal. Este panorama preocupa a quienes temen una Corte sesgada hacia los intereses del gobierno.
María Estela Ríos, exconsejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador, y Sara Irene Herrerías, exfiscal de la FGR, completan los cinco espacios reservados para mujeres en la Corte. Entre los hombres, además de Aguilar Ortiz, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Guerrero se perfilan para ocupar los cuatro lugares restantes. La nueva composición de la Corte refleja un claro dominio de figuras afines al proyecto de la 4T.
La elección judicial, primera en su tipo en México, tuvo una participación ciudadana de apenas el 12%. Este bajo nivel de votación ha desatado críticas sobre la legitimidad del proceso. Algunos analistas señalan que el uso de “acordeones” para orientar el voto, práctica asociada con Morena, pudo haber influido en los resultados, favoreciendo a candidatos como Aguilar Ortiz.
El ascenso de Aguilar Ortiz, un abogado sin experiencia previa como juez, también genera cuestionamientos. Aunque su trayectoria académica y su defensa de comunidades indígenas son destacadas, expertos señalan que su falta de experiencia jurisdiccional podría ser un obstáculo para liderar un tribunal de la complejidad de la Suprema Corte. Su visión de una justicia más cercana a los pueblos originarios, sin embargo, ha sido bien recibida por sectores sociales.
La reforma judicial de 2024, impulsada por Morena, estableció que el candidato con más votos presidirá la Corte por dos años. Si Aguilar Ortiz mantiene su ventaja, reemplazará a Norma Piña en agosto de 2025. Su presidencia promete un enfoque basado en el diálogo con comunidades y poderes del Estado, aunque persisten las dudas sobre si priorizará los intereses del oficialismo.
Este proceso electoral ha transformado el panorama del Poder Judicial en México. La llegada de Aguilar Ortiz y de ministras cercanas a Morena sugiere un cambio profundo en la impartición de justicia. Sin embargo, la baja participación y las acusaciones de manipulación electoral arrojan sombras sobre la legitimidad de esta nueva Corte.
A medida que se consolidan los resultados, México enfrenta un momento decisivo. La presidencia de Aguilar Ortiz podría marcar una etapa de mayor inclusión indígena en la justicia, pero también corre el riesgo de ser vista como una extensión del poder político de Morena. El futuro de la Suprema Corte está en juego, y con él, la independencia del Poder Judicial.