En un giro que sacude el panorama político mexicano, Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco y cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, se perfila como el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el 92% de las actas computadas por el INE, Aguilar lidera la elección con más de 5.3 millones de votos, dejando atrás a la ministra Lenia Batres, quien acumula el 4.9% de las preferencias.
Aguilar, actual coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, no es un desconocido en los círculos de la autoproclamada Cuarta Transformación. Desde 2018, ha sido una figura clave en proyectos emblemáticos de AMLO, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Felipe Ángeles, donde coordinó consultas a comunidades indígenas. Sin embargo, su papel en estas consultas ha generado controversia, con señalamientos de manipulación y falta de transparencia.
El proceso de selección para la Suprema Corte ha estado bajo el escrutinio público debido a los llamados “acordeones” de Morena. Estas guías, distribuidas entre la militancia del partido, destacaban a Aguilar como el candidato principal, junto a otras figuras cercanas al oficialismo. Los resultados preliminares del INE muestran que los nombres promovidos en estos acordeones, incluyendo a Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, encabezan las votaciones, lo que ha avivado las críticas sobre un supuesto control del partido gobernante en el Poder Judicial.
Organizaciones como el Congreso Nacional Indígena y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han cuestionado el trabajo de Aguilar. En 2019, se señaló que las consultas para los megaproyectos de AMLO no cumplieron con estándares internacionales, dando a entender que las obras se realizarían sin importar el resultado de las mismas. Estas acusaciones han puesto en duda el compromiso de Aguilar con los derechos indígenas, pese a su origen mixteco.
La elección judicial, primera en su tipo en México, ha registrado una participación históricamente baja, con apenas un 12.3% del padrón electoral. Esto ha generado un intenso debate sobre la legitimidad del proceso. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum celebra la posible llegada de un indígena a la presidencia de la Corte, comparándolo con Benito Juárez, opositores denuncian que el proceso fue diseñado para favorecer a candidatos afines a Morena.
Entre los cuestionamientos, destaca el señalamiento de que Aguilar no llega por méritos propios, sino por su cercanía con el expresidente López Obrador. Su historial incluye colaboraciones con el EZLN y un discurso que resalta la justicia intercultural, pero también acusaciones de encubrir abusos durante su gestión en el INPI. Además, su propuesta de no usar toga en la Corte, optando por vestimenta indígena, ha sido vista como un intento de marcar una ruptura con las tradiciones del Poder Judicial.
La oposición, liderada por figuras como Jorge Romero del PAN y Alejandro Moreno del PRI, ha anunciado que impugnará los resultados, calificando la elección como una farsa. Argumentan que la baja participación y el uso de acordeones evidencian una manipulación para imponer a candidatos leales al gobierno. Por su parte, Sheinbaum defiende el proceso, asegurando que fue transparente y que la participación superó expectativas al compararla con elecciones anteriores.
El ascenso de Aguilar representa un momento histórico, ya que sería el segundo indígena en presidir la Suprema Corte en más de 150 años. Sin embargo, su vínculo con Morena y las acusaciones en su contra han polarizado la opinión pública. Mientras algunos ven su candidatura como un avance hacia una justicia más incluyente, otros lo consideran un paso hacia la consolidación del control político sobre el Poder Judicial.
A medida que el conteo de votos avanza, el INE aún debe determinar si la presidencia de la Corte recaerá en Aguilar o en una mujer, dado que la Constitución establece preferencias de género. Lo que es claro es que esta elección marca un parteaguas en la historia judicial de México, con implicaciones que resonarán en los próximos años.