La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha emitido su veredicto sobre las elecciones judiciales del 1 de junio en México, las primeras en su tipo donde los ciudadanos eligieron directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. La Misión de Observación Electoral, liderada por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, destacó que el proceso se desarrolló con tranquilidad, pero señaló un dato preocupante: solo un 12% de los ciudadanos acudió a las urnas, una de las participaciones más bajas en la región.
Estas elecciones, resultado de la controvertida reforma constitucional impulsada por el gobierno de Morena y aprobada en septiembre de 2024, marcaron un hito al permitir que el pueblo mexicano decidiera quiénes ocuparán los cargos judicialesfederales. Sin embargo, la baja afluencia ciudadana ha levantado críticas sobre el interés y la preparación de la población para un ejercicio tan complejo. La OEA reportó un elevado número de votos nulos y no marcados, lo que refleja confusión o desinterés en el proceso.
El proceso electoral no estuvo exento de desafíos. Los votantes tuvieron que llenar hasta seis boletas federales, y en algunos estados hasta 12, para elegir a más de 2,600 cargos, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte y cientos de jueces y magistrados. La complejidad de las boletas, sumada a la falta de información clara sobre los candidatos, pudo haber contribuido a la escasa participación, según observaciones de la OEA.
La misión de la OEA, integrada por 16 especialistas de 10 países, continuará en México para supervisar los cómputos distritales, un proceso que podría tomar hasta dos semanas debido a la magnitud de los cargos en disputa. Su informe preliminar, que se presentará este viernes, incluirá hallazgos sobre la organización electoral, la tecnología utilizada y la participación de las mujeres, además de analizar la polarización política que marcó el contexto de estas elecciones.
El Instituto Nacional Electoral (INE), a cargo de la organización, enfrentó críticas por la falta de recursos y tiempo para preparar este proceso inédito. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, había advertido previamente sobre las dificultades de contar con un sistema de resultados preliminares, lo que generó incertidumbre entre los votantes. A pesar de esto, la OEA reconoció el esfuerzo de los funcionarios electorales, quienes trabajaron en condiciones especialmente complicadas.
La reforma judicial, impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria Claudia Sheinbaum, ha sido objeto de controversia. Críticos señalan que la elección popular de jueces podría abrir la puerta a influencias políticas o incluso del crimen organizado, como se vio en candidaturas polémicas, incluyendo una ex abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La OEA expresó preocupación por la falta de un marco normativo claro para la evaluación de candidaturas.
La baja participación también refleja el desinterés ciudadano y las campañas de boicot promovidas por partidos opositores, quienes denunciaron el proceso como partidista. A pesar de las críticas, Sheinbaum celebró la jornada como un “éxito”, destacando que 13 millones de personas participaron. Sin embargo, la escasa afluencia pone en duda la legitimidad de un proceso que buscaba fortalecer la democracia.
La OEA también señaló la polarización política y la alta litigiosidad como factores que complicaron el proceso. Desde su llegada a México el 24 de mayo, los observadores se reunieron con autoridades del INE, el Tribunal Electoral, el Senado y la sociedad civil para evaluar el contexto. Este ejercicio, inédito en el mundo, representa un experimento arriesgado para el futuro del Poder Judicial mexicano.
A pesar de la tranquilidad reportada, el INE registró incidentes menores, como la suspensión de 50 casillas en varios estados y 500 casos de interferencias en la votación. Estos eventos, aunque no empañaron gravemente la jornada, evidencian los retos de implementar un proceso tan ambicioso en un país con profundas divisiones políticas.
El futuro del Poder Judicial mexicano dependerá de la capacidad de los nuevos jueces para demostrar imparcialidad y competencia. Mientras tanto, la baja participación y las críticas al proceso dejan una pregunta abierta: ¿logrará esta reforma transformar la justicia en México o será un paso hacia mayor politización?