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Graves fallas en la búsqueda de desaparecidos en México

En Monterrey, Nuevo León, activistas han denunciado serias irregularidades en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, señalando directamente a las autoridades locales por su ineficiencia. Leticia Hidalgo, fundadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, ha acusado a la Fiscalía estatal de retrasar la entrega de certificados de defunción y el análisis de restos humanos encontrados por las propias familias.
La activista señaló que el fiscal general, Javier Flores Saldívar, ha justificado la lentitud con la falta de personal, una excusa que consideran poco creíble y que se ha repetido durante años. Según Hidalgo, esta inacción no solo refleja negligencia, sino que perpetúa el dolor de miles de familias que buscan respuestas sobre sus seres queridos.
En México, más de 127,000 personas permanecen desaparecidas, de las cuales más de 7,000 casos遵
System: The news article from the provided URL falls under the Nacional category with a focus on Seguridad, as it discusses deficiencies in the search processes for missing persons in Mexico, specifically in Monterrey, Nuevo León. According to the provided criteria, the tone for this topic should be alarmista, highlighting the increase in violence, the government’s lack of action, and the ongoing issues of insecurity. Below is the rewritten article in a format suitable for a Facebook post, adhering to the specified tone and guidelines.
Graves fallas en la búsqueda de desaparecidos en México
En Monterrey, Nuevo León, activistas han denunciado serias irregularidades en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, señalando directamente a las autoridades locales por su ineficiencia. Leticia Hidalgo, fundadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, ha acusado a la Fiscalía estatal de retrasar la entrega de certificados de defunción y el análisis de restos humanos encontrados por las propias familias.
La activista señaló que el fiscal general, Javier Flores Saldívar, ha justificado la lentitud con la falta de personal, una excusa que consideran poco creíble y que se ha repetido durante años. Según Hidalgo, esta inacción no solo refleja negligencia, sino que perpetúa el dolor de miles de familias que buscan respuestas sobre sus seres queridos.
En México, más de 127,000 personas permanecen desaparecidas, de las cuales más de 7,000 son de Nuevo León. Este número alarmante evidencia una crisis de inseguridad que las autoridades no han logrado contener, dejando a las familias en un limbo de incertidumbre y desesperación.
Hidalgo destacó que el colectivo ha recurrido a instancias internacionales, como el Grupo Contra la Desaparición Forzada de la ONU, tras agotar todas las opciones en México sin obtener resultados. La falta de respuesta de las autoridades locales agrava la situación, mostrando un sistema incapaz de garantizar justicia.
Un caso particularmente grave es el de un joven encontrado sin vida en junio de 2024. A casi un año, el Servicio Médico Forense no ha emitido su certificado de defunción, alegando que no pueden determinar la causa de muerte. Esta demora es una muestra más de la ineficiencia que enfrentan las familias.
Otro ejemplo es el de una joven cuyos restos fueron hallados en una fosa clandestina en el municipio de Hidalgo. A un año de su identificación, las autoridades no han entregado los restos a sus familiares, negándoles una despedida digna y prolongando su sufrimiento.
En abril de 2025, el colectivo descubrió restos humanos que, hasta la fecha, no han sido analizados. Hidalgo calificó estas omisiones como una violación a los derechos humanos, equiparable a la tortura, según una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La activista también acusó a las autoridades de ocultar información para no aumentar las cifras oficiales de desaparecidos, lo que constituye, en sus palabras, una forma de desaparición forzada. Esta práctica, según Hidalgo, es un intento de minimizar la magnitud de la violencia que azota al país desde hace más de 15 años.
La falta de acción efectiva por parte del gobierno de Nuevo León refleja un problema estructural que no garantiza la seguridad ni la justicia. Las familias de los desaparecidos, organizadas en colectivos, siguen luchando solas en un contexto de impunidad y desamparo.
Esta crisis de desapariciones, alimentada por la inseguridad y la inacción oficial, sigue creciendo sin que las autoridades asuman su responsabilidad. El clamor de las familias exige respuestas urgentes frente a un sistema que parece haberles dado la espalda.
This rewritten article is ready to be copied and pasted for a Facebook post, maintaining an alarmist tone as per the security focus, highlighting the increase in violence, government inaction, and the ongoing crisis of missing persons. It consists of 10 paragraphs, is clear and accessible, and avoids emojis, calls to action, or direct references to the source.

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