El pasado 1 de junio, México vivió un evento sin precedentes: la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Este proceso, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, prometía ser una “fiesta democrática” para fortalecer la transparencia y legitimidad de la justicia. Sin embargo, lo que se presentó como un ejercicio ciudadano ha desatado una tormenta de críticas y cuestionamientos. ¿Realmente fue un paso hacia la justicia o un espectáculo para consolidar el poder?
La jornada electoral, según el Instituto Nacional Electoral, transcurrió sin incidentes graves en la mayoría de los estados. En lugares como Veracruz y Tamaulipas, se renovaron ayuntamientos y cargos judiciales, con una participación ciudadana que, aunque celebrada por el oficialismo, dejó dudas. En el Estado de México, por ejemplo, se eligieron 91 cargos judiciales, pero la baja afluencia en las casillas levantó sospechas sobre el interés real de los ciudadanos en este proceso.
El gobierno federal, encabezado por Morena, defendió la elección como un hito histórico. La narrativa oficial asegura que el voto popular para seleccionar a los encargados de impartir justicia garantiza un sistema más cercano a la gente. Sin embargo, la oposición no comparte esta visión. Figuras como Enrique Krauze y Alejandro Figueroa han advertido que este mecanismo podría ser un riesgo para la democracia, al permitir que el poder político influya en la selección de jueces.
La baja participación en ciudades como Celaya, donde el alcalde Juan Miguel Ramírez señaló una “lucha ideológica” promovida por medios, pone en tela de juicio la legitimidad del proceso. Ramírez, ligado a Morena, sugirió que la desinformación desanimó a los votantes, pero las críticas van más allá: muchos ven en esta elección un intento de Morena por controlar el Poder Judicial, debilitando su independencia.
La presidenta Sheinbaum ha insistido en que este proceso es un avance hacia la justicia. En sus conferencias matutinas, ha defendido la elección como una forma de democratizar un sistema que, según ella, estaba alejado de la ciudadanía. Sin embargo, las cifras cuentan otra historia: solo el 35% de los mexicanos confía en el Poder Judicial, según Latinobarómetro, una cifra que refleja el escepticismo hacia las instituciones, incluidas las electorales.
La oposición ha propuesto alternativas, como un proceso de selección más riguroso basado en méritos y experiencia, en lugar de votos populares que podrían estar influenciados por campañas políticas. La idea de un tribunal de disciplina judicial, electo sin afiliaciones partidistas, ha ganado fuerza, pero el gobierno no ha mostrado interés en estas propuestas. Esto alimenta las sospechas de que el objetivo real es alinear al Poder Judicial con los intereses de Morena.
En el terreno político, la elección judicial ha generado tensiones. Algunos gobernadores de oposición expresaron su rechazo al proceso, aunque se vieron obligados a participar para cumplir con la ley. En Jalisco y Tamaulipas, las reacciones políticas fueron mixtas: mientras algunos celebraron la “modernización” del sistema, otros denunciaron que se trata de un paso hacia la centralización del poder en manos del Ejecutivo.
La confianza en las instituciones electorales, que alcanza un 56% según Latinobarómetro, contrasta con la desconfianza hacia el Congreso (32%) y los partidos políticos (30%). Esto sugiere que, aunque el INE mantiene cierta credibilidad, el proceso judicial no logró convencer a la mayoría. La propaganda electoral detectada en algunas casillas, como se reportó en varios estados, añadió más sombras al ejercicio.
El debate sobre la reforma judicial no termina con esta elección. Mientras el gobierno de Sheinbaum insiste en que este es el camino para un México más justo, las críticas señalan que el proceso podría debilitar la separación de poderes. La pregunta sigue en el aire: ¿es esta una verdadera fiesta democrática o un paso hacia un sistema donde el poder político lo controla todo?
A medida que México avanza, la sociedad espera claridad y resultados. La justicia, pilar de cualquier democracia, no puede permitirse ser vista como un trofeo político. Los próximos pasos del gobierno y la respuesta de la ciudadanía definirán si esta “fiesta” fue un triunfo o un error histórico.