En un terreno aparentemente olvidado en Teuchitlán, Jalisco, se esconde una verdad aterradora. El Rancho Izaguirre, señalado como un centro de entrenamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha sacudido a México por la magnitud de los horrores descubiertos. Restos humanos, prendas y objetos personales encontrados por colectivos de buscadores han destapado una realidad que las autoridades no pudieron, o no quisieron, ver durante meses.
El caso comenzó a tomar forma el pasado 18 de septiembre, cuando un operativo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano rescató a dos personas secuestradas y detuvo a 10 individuos ligados al CJNG. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco dejó el rancho sin resguardo ni investigación alguna durante medio año. Fue hasta el 5 de marzo, tras una denuncia anónima, que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, junto con la Guardia Nacional, ingresó al lugar y halló evidencias escalofriantes en cuestión de minutos.
Lo que se encontró en el Rancho Izaguirre no fue solo un cementerio clandestino. Según investigaciones, este lugar funcionaba como un campo de entrenamiento donde el CJNG reclutaba forzosamente a personas para convertirlas en sicarios. Las madres buscadoras, que han enfrentado la indiferencia de las autoridades por años, fueron quienes destaparon esta verdad que el gobierno no pudo ocultar.
El 22 de marzo, un nuevo golpe al caso: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la detención de José Gregorio “N”, alias “Lastra”, en la Ciudad de México. Este líder criminal está directamente vinculado al reclutamiento forzado en el rancho. Su captura, aunque significativa, no borra las preguntas que persisten: ¿cómo pudo un lugar así operar durante tanto tiempo sin ser detectado?
La inacción de las autoridades jaliscienses ha desatado una ola de indignación. Mientras la Fiscalía de Jalisco dejó el rancho sin vigilancia tras el operativo inicial, las familias de los desaparecidos, junto con colectivos de buscadores, tuvieron que tomar la iniciativa. Este caso pone en evidencia una vez más la falta de coordinación y voluntad para enfrentar la crisis de desapariciones en México.
El Rancho Izaguirre no es un caso aislado. Es un reflejo de la impunidad que permite al crimen organizado actuar con libertad en amplias zonas del país. Las madres buscadoras han denunciado la insensibilidad de las autoridades, que parecen más interesadas en mantener las apariencias que en resolver el dolor de miles de familias.
A pesar de las detenciones recientes, como la de un expolicía en Colima ligado al rancho, la desconfianza persiste. Las omisiones en la investigación, señaladas incluso por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sugieren que la verdad podría quedar enterrada bajo un manto de negligencia oficial.
El caso del Rancho Izaguirre es un recordatorio brutal de la violencia que azota a México. Mientras las autoridades fallan en dar respuestas, son los colectivos de buscadores y los medios de comunicación los que mantienen viva la lucha por la justicia. Este escándalo no solo expone al CJNG, sino también a un sistema que parece incapaz de proteger a sus ciudadanos.