En un nuevo capítulo de la política mexicana, la alianza conocida como PRIMOR ha vuelto a mostrar su rostro. La reciente decisión de proteger al diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de violación por su propia media hermana, Nidia Fabiola Blanco, expone un sistema que parece diseñado para garantizar la impunidad. La bancada priista, que en teoría debería ser oposición, votó en bloque junto a Morena para desechar la solicitud de desafuero, dejando un mensaje claro: ciertos políticos están por encima de la justicia.
El caso de Blanco no es un hecho aislado. La acusación presentada por su media hermana detalla un presunto intento de violación, un delito grave que merecía una investigación a fondo. Sin embargo, el Congreso, liderado por Morena y sus aliados, optó por cerrar filas. Esta maniobra no solo protege al exfutbolista, sino que envía una señal preocupante sobre el trato hacia las mujeres que alzan la voz contra el abuso. La justicia, al parecer, sigue siendo negociable cuando se trata de figuras cercanas al poder.
Lo más indignante es la actitud de Blanco tras el fallo. Lejos de mostrar mesura, subió a la tribuna para burlarse de su hermana y de las legisladoras que defendieron la causa. Incluso anunció que presentará una iniciativa para proteger a los hombres de lo que calificó como “acusaciones infundadas” de mujeres. Esta declaración, cargada de cinismo, refleja un desprecio profundo hacia las víctimas de violencia de género y pone en entredicho la seriedad de las instituciones.
La alianza entre Morena y el PRI, bautizada como PRIMOR, no es nueva. En el pasado, esta coalición ha sido clave para aprobar reformas controvertidas, como la judicial, que han fortalecido el control del oficialismo. Ahora, con el caso Blanco, el PRIMOR demuestra una vez más su capacidad para operar como un mecanismo bien aceitado que protege a los suyos, sin importar las consecuencias para la justicia o la credibilidad de las instituciones.
El papel del PRI en este episodio es particularmente revelador. A pesar de presentarse como oposición, su voto en bloque a favor de Morena evidencia una lealtad que va más allá de las ideologías. Esta complicidad no solo perpetúa la impunidad, sino que refuerza la percepción de que el sistema político mexicano está diseñado para proteger a los poderosos, sin importar el partido al que pertenezcan.
La reacción de la sociedad no se ha hecho esperar. En redes sociales, activistas y ciudadanos han expresado su indignación ante lo que consideran un nuevo golpe a las mujeres. La falta de consecuencias para Blanco, sumada a sus declaraciones machistas, ha avivado el debate sobre la necesidad de reformas que garanticen justicia para las víctimas de violencia de género, sin distinción de quién las perpetre.
Mientras tanto, el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, guarda silencio. Esta omisión es interpretada por muchos como una aceptación tácita de las maniobras de Morena y sus aliados. La presidenta, que ha promovido un discurso de igualdad, enfrenta ahora el desafío de demostrar que sus palabras se traducen en acciones, especialmente en casos tan graves como este.
El episodio de Cuauhtémoc Blanco es un recordatorio de los pendientes que México tiene en materia de justicia y equidad. La protección a figuras políticas acusadas de delitos graves, combinada con el desprecio hacia las víctimas, pone en evidencia un sistema que prioriza el poder sobre la verdad. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo se permitirá que la impunidad reine en el Congreso?