En octubre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión que marcó su sexenio: ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras su captura en Culiacán. La justificación fue evitar una masacre, ya que el Cártel de Sinaloa amenazaba con desatar una ola de violencia que, según AMLO, habría cobrado la vida de 200 civiles inocentes. Pero esta decisión, presentada como un acto humanitario, abrió la puerta a cuestionamientos que aún resuenan.
Durante meses, López Obrador evadió la responsabilidad, asegurando que la liberación fue una decisión de su gabinete de seguridad. Sin embargo, en junio de 2020, admitió lo que muchos sospechaban: él personalmente ordenó liberar al heredero del Cártel de Sinaloa. “Yo di la instrucción de detener el operativo y dejar en libertad a este presunto delincuente”, confesó, argumentando que priorizó la vida de los ciudadanos. Pero las consecuencias de este pacto no tardaron en hacerse visibles.
Seis años después, Sinaloa es un campo de batalla. La guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, los “chapitos” y los “mayitos”, ha dejado un rastro de sangre: cientos de civiles muertos, incluyendo niños, más de mil homicidios, 1,300 desaparecidos y 3,000 robos de vehículos. Lo que AMLO llamó un gesto de paz se convirtió en un polvorín que sigue explotando, mientras el crimen organizado gana terreno.
Ovidio Guzmán, alguna vez protegido por el gobierno mexicano, ahora es un testigo protegido en Estados Unidos. Su nueva vida como informante ha encendido las alarmas en la clase política de Morena. Se dice que Ovidio está revelando detalles explosivos sobre el “Culiacanazo”, el control de territorios y hasta el presunto financiamiento de campañas de Morena. Una lista viral, apodada “Lista de Marco Rubio”, aunque no confirmada, ha puesto a temblar a funcionarios, legisladores y gobernadores del partido oficialista.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, sucesora de AMLO, no escapa al escándalo. Mientras critica a Estados Unidos por negociar con narcos, su administración enfrenta el peso de haber entregado a 29 capos en bandeja de plata a las autoridades estadounidenses. La política de “abrazos, no balazos” parece desmoronarse, y las promesas de paz se diluyen ante la realidad de un país donde la narcoviolencia no da tregua.
La ironía es brutal. AMLO, quien durante años dominó la narrativa con sus mañaneras, ahora teme que Ovidio cante más de la cuenta. Un “concierto completo” de revelaciones podría obligarlo a desaparecer de la escena pública, relegado a ser el titiritero detrás de Sheinbaum. Su legado, construido sobre discursos de transformación, se tambalea bajo el peso de un pacto que muchos llaman “un acuerdo con el diablo”.
Mientras tanto, la familia de Ovidio Guzmán ya disfruta de una nueva vida en Estados Unidos. Según reportes, han obtenido asilo, alegando que huyeron de la violencia en Sinaloa, esa misma violencia que el gobierno de AMLO no pudo controlar. Algunos incluso especulan que cuentan con una “Gold Card” de residencia, cortesía de tratos con las autoridades estadounidenses.
El caso de Ovidio Guzmán no solo expone las grietas de la estrategia de seguridad de López Obrador, sino que también pone en jaque la credibilidad de Morena. Con cada revelación, la sombra del narco se cierne sobre el partido, mientras México sigue pagando el costo de decisiones que, lejos de traer paz, han alimentado el caos.
La pregunta que queda es simple, pero inquietante: ¿hasta dónde llegarán las confesiones de Ovidio? Y, más importante aún, ¿qué nombres saldrán a la luz? Por ahora, la clase política de Morena contiene el aliento, mientras el país espera respuestas que tal vez nunca lleguen.