El programa de parole humanitario en Estados Unidos, que permitió a más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela residir y trabajar legalmente, ha llegado a su fin tras una decisión del Tribunal Supremo. La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, desata una ola de incertidumbre para miles de personas que ahora enfrentan el riesgo de deportación.
Este programa, creado bajo el gobierno de Joe Biden, ofrecía una vía legal para que ciudadanos de estos países pudieran establecerse temporalmente en EE.UU. con el respaldo de un patrocinador. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, 110,000 cubanos, 210,000 haitianos, 93,000 nicaragüenses y 117,000 venezolanos ingresaron al país bajo esta protección.
Organizaciones de migrantes advierten que la cancelación del programa no solo amenaza con separar familias, sino que también tendrá un impacto económico significativo. En una conferencia de prensa en Miami, Paul Christian Namphy, director de acción política del Movimiento de Red de Acción Familiar, señaló que la economía de estados como Florida sufrirá por la pérdida de trabajadores clave.
La suspensión del parole humanitario deja a miles de personas en un limbo migratorio. Muchos de estos migrantes huyeron de la violencia y las crisis en sus países de origen, y ahora podrían ser forzados a regresar o vivir en la clandestinidad, bajo la amenaza constante de ser deportados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
Namphy lamentó que la decisión del Supremo sea un duro golpe para las comunidades migrantes, acusando a la administración de despojar a estas personas de su estatus legal con el objetivo de facilitar su deportación. Las asociaciones migrantes denuncian que esta medida carece de humanidad y no considera las contribuciones de estos trabajadores a la sociedad estadounidense.
El impacto económico es una de las principales preocupaciones. Los migrantes beneficiados por el parole ocupaban empleos en sectores como la construcción, la hostelería y los servicios, esenciales para la economía de varios estados. Su salida podría generar interrupciones laborales y pérdidas económicas significativas.
Yarelis Méndez, representante de American Friends Service, destacó que el programa había salvado vidas al permitir a miles de personas escapar de situaciones de violencia extrema. La activista nicaragüense calificó la decisión como devastadora para las comunidades afectadas, que ahora enfrentan un futuro incierto.
A pesar de las limitaciones legales para revertir la medida, las organizaciones migrantes planean redoblar esfuerzos para sensibilizar a la población estadounidense. Namphy subrayó que muchos ciudadanos desconocen la realidad de los migrantes y las contribuciones que hacen al país, mientras acusó a la administración de usar narrativas falsas para justificar sus políticas migratorias.
La cancelación del parole humanitario se suma a otras medidas restrictivas impulsadas por la administración Trump, quien durante su campaña prometió frenar la migración irregular. Este cambio de política ha generado críticas de juezas del Supremo como Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, quienes advirtieron sobre las graves consecuencias humanas de esta decisión.
Para los migrantes afectados, el panorama es desolador. Sin opciones claras para regularizar su situación, muchos enfrentan la posibilidad de ser deportados a países donde la inseguridad y la pobreza persisten, dejando atrás las vidas que comenzaron a construir en Estados Unidos.