Un nuevo capítulo de descaro político sacude al país. En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier ha protagonizado un acto que mezcla intimidación y abuso de poder. Exigió a la empresa inmobiliaria Grupo Proyecta donar dos hectáreas de terreno para viviendas de policías, amenazando con tomar el doble si no accedían de buena voluntad. Este ultimátum, pronunciado con un tono que recuerda a los peores dictadores, deja claro el estilo mafioso de algunos gobernantes.
La frase de Armenta, “compartan la riqueza por el bien del pueblo”, no es más que una fachada para justificar extorsión. Este comportamiento, lejos de ser un caso aislado, parece ser la norma entre ciertos políticos de Morena. La amenaza de apoderarse de 40 mil metros cuadrados si no se cumple su voluntad refleja un estilo de gobierno que pisotea la legalidad y la ética.
Por otro lado, el caso de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y ahora político, añade más leña al fuego del cinismo. Desde la tribuna, Blanco se burló de su propia hermana y de las congresistas, proponiendo una iniciativa para proteger a hombres de supuestas acusaciones “infundadas” de mujeres. Este discurso machista, respaldado por su inmunidad parlamentaria, es un insulto a la lucha por la igualdad.
La complicidad política no se queda atrás. La bancada del PRI, que debería ser oposición, votó en bloque para desechar una petición de desafuero contra Blanco. Esta alianza, conocida como PRIMOR, demuestra cómo los intereses políticos se anteponen a la justicia. La Reforma Judicial, apoyada por esta coalición, allana el camino para un sistema donde el poder se ejerce sin límites.
El segundo piso de la autoproclamada “Cuarta Transformación” no es más que un sótano oscuro donde la mafia del poder opera con total impunidad. Los líderes de Morena, con su retórica populista, prometen beneficios al pueblo mientras desangran las arcas nacionales. Sus discursos, llenos de promesas vacías, son solo espejismos para mantener el control.
La impunidad no es solo política, también se extiende al crimen organizado. Las complicidades entre políticos y narcotraficantes son tan evidentes que hasta Netflix las ha convertido en series. En Texcatitlán, un jefe policiaco se suicidó tras ser confrontado por la Fiscalía, un caso que refleja la podredumbre en las instituciones de seguridad.
La Reforma Judicial, que debería garantizar justicia, se ha convertido en una herramienta para consolidar el poder. Con jueces al servicio de los caciques y un sistema que protege a los corruptos, México se acerca peligrosamente a las dictaduras bananeras. El caso de Bernabé Jurado, un abogado corrupto de antaño, parece reencarnar en los métodos actuales.
Mientras tanto, los migrantes, víctimas del populismo y la falta de oportunidades, siguen arriesgando sus vidas rumbo al norte. La pobreza y la inseguridad, agravadas por gobiernos que priorizan el poder sobre el bienestar, los empujan a un viaje sin fin. Como dice la canción de Zack de la Rocha, “Somos más americanos”, un grito que resuena frente a la indiferencia de los poderosos.
Este panorama de cinismo y abuso no es nuevo, pero sí alarmante. Los políticos, amparados por un sistema que los protege, actúan con una desfachatez que indigna. La pregunta es cuánto más soportará el pueblo antes de exigir un cambio real.
El futuro no pinta bien. Con la justicia subordinada al poder político y la impunidad como norma, México se desliza hacia un abismo donde el cinismo es el verdadero rostro del poder. La ciudadanía merece algo mejor que promesas vacías y amenazas veladas.