En un nuevo capítulo de la polémica reforma judicial, personajes cercanos a Morena se perfilan para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano clave que supervisará la conducta de jueces y magistrados en el país. Este proceso, que culminó con la elección judicial del 1 de junio de 2025, ha levantado críticas por la aparente influencia del partido en el poder en la selección de candidatos.
Entre los nombres que destacan está Celia Maya García, exmagistrada y conocida por su cercanía al morenismo. Su trayectoria incluye haber sido candidata a gobernadora de Querétaro por Morena, lo que refuerza las sospechas de una alineación política en el nuevo tribunal. Junto a ella, Eva Verónica de Gyvés Zárate, actual consejera de la Judicatura Federal, también figura como una de las favoritas para ocupar un lugar en este órgano.
Otro nombre que resuena es el de Ariadna Camacho Contreras, cuya postulación ha generado controversia debido a sus vínculos con figuras clave de Morena. La presencia de estos candidatos, todos con conexiones evidentes al partido gobernante, ha desatado cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial tras la reforma impulsada por el gobierno federal.
El proceso de selección de candidatos, supervisado por comités del Ejecutivo y Legislativo, ha sido señalado por incluir a abogados afines a Morena. Estos comités, encargados de evaluar a los aspirantes, han sido criticados por presuntamente favorecer perfiles que responden a los intereses de la llamada “Cuarta Transformación”. La falta de transparencia en la evaluación ha alimentado las dudas sobre la imparcialidad del sistema.
La elección del 1 de junio marcó un hito al ser la primera vez que los ciudadanos votaron directamente por jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, la participación ciudadana fue baja, con apenas un 11.3% de votantes, según datos preliminares. Este porcentaje ha sido interpretado como una señal de desconfianza en un proceso que muchos consideran controlado por el partido en el poder.
Los “acordeones” de Morena, listas que el partido distribuyó a su militancia con nombres y números de candidatos a votar, también han sido un punto de controversia. Estas listas incluyeron a los aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial, lo que sugiere una estrategia para garantizar la llegada de perfiles afines al partido. Esta práctica ha sido denunciada como una forma de manipulación electoral.
Críticos del proceso advierten que la integración de un tribunal con figuras cercanas a Morena podría comprometer la autonomía del Poder Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial tiene la facultad de sancionar a jueces y magistrados, lo que lo convierte en un pilar fundamental para el equilibrio de poderes en México. La influencia de un solo partido en este órgano podría tener consecuencias graves para la justicia.
A pesar de las críticas, Morena defiende la reforma como un paso hacia la democratización del Poder Judicial. Argumentan que la elección popular garantiza una mayor participación ciudadana y transparencia. Sin embargo, la baja participación y las acusaciones de favoritismo político han puesto en entredicho estos argumentos.
El nuevo tribunal comenzará a operar el 1 de septiembre de 2025, tras la toma de protesta de sus integrantes. Mientras tanto, el debate sobre la independencia judicial y el papel de Morena en este proceso sigue intensificándose. Las miradas están puestas en cómo este órgano ejercerá sus funciones en un contexto de creciente polarización política.
La reforma judicial, impulsada por el gobierno federal, buscaba renovar la confianza en el sistema de justicia, pero los resultados de esta elección han generado más preguntas que respuestas. La ciudadanía espera que el nuevo tribunal actúe con imparcialidad, aunque las señales actuales apuntan a un control político que podría marcar el rumbo del Poder Judicial en los próximos años.