La elección judicial del pasado 1 de junio en Chihuahua estuvo marcada por la polémica distribución de “acordeones”, guías de votación que circularon masivamente durante la jornada electoral. Estos documentos, que indicaban por quién votar para cargos como ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces, han generado críticas por su clara intención de inducir el voto, poniendo en entredicho la transparencia del proceso.
Según información obtenida, al menos seis acordeones distintos fueron distribuidos en el estado, algunos ligados al gobierno estatal, otros a la Secretaría del Bienestar, al ayuntamiento de Juárez, al de Chihuahua y al magisterio local. Cada uno contenía nombres específicos de candidatos, lo que sugiere una operación coordinada para favorecer a ciertos aspirantes en esta histórica elección popular del Poder Judicial.
Entre los nombres destacados en los resultados preliminares para ministros de la Suprema Corte están María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García, todos presentes en uno o más acordeones. Estos candidatos lideraron las preferencias según los cómputos iniciales del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral (IEE), lo que refuerza las sospechas de manipulación en el proceso.
En el caso de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua, los primeros lugares también coincidieron con los nombres promovidos en los acordeones. Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, con 4,287 votos, apareció en cuatro de estas guías, al igual que Luis Daniel Meza González, Jazmín Yadira Alanís Reza y Luisa Fernanda Márquez Picard, quienes figuraron en múltiples listas, consolidando su ventaja en los resultados.
Un caso notable es el de Hugo Aguilar Ortiz, quien encabezó las preferencias para la presidencia de la Suprema Corte con más de cuatro millones de votos. Su nombre apareció en cuatro acordeones, lo que evidencia el peso de estas guías en la elección. Por su parte, la actual ministra Lenia Batres, con más de tres millones de votos, también fue promovida en dos acordeones vinculados a Morena, lo que despierta críticas sobre la imparcialidad del proceso.
La distribución de estos acordeones no es un fenómeno nuevo, pero su masiva circulación en esta elección ha encendido las alarmas. La presidenta del IEE, Yanko Durán, advirtió que el uso de acordeones institucionales en las casillas es ilegal y puede acarrear sanciones, aunque el INE minimizó su impacto al justificar su existencia por la gran cantidad de cargos en juego.
Críticos del proceso señalan que estos acordeones representan una violación a las leyes electorales, al inducir el voto de manera directa y coordinada. Organizaciones como Proyecto Justicia Común denunciaron ante el INE a Morena y al gobierno de la Ciudad de México por esta práctica, calificándola como una operación para manipular los resultados y consolidar el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
La elección, que buscaba ser un ejercicio democrático histórico, ha quedado empañada por estas acusaciones. La falta de vigilancia ciudadana en las casillas y la ausencia de un recuento inmediato de votos han alimentado las dudas sobre la legitimidad de los resultados, con muchos considerando que el proceso estuvo viciado desde su origen.
A pesar de las críticas, los resultados preliminares muestran que los candidatos promovidos por los acordeones lideran en casi todos los cargos. Esto plantea serias preguntas sobre la independencia del Poder Judicial y el impacto de estas prácticas en la democracia mexicana, especialmente en un momento en que el equilibrio de poderes está en el centro del debate.
La jornada del 1 de junio, lejos de ser un ejemplo de participación ciudadana, ha sido descrita como un proceso caótico que podría alejar la posibilidad de un México más justo y democrático. La presencia de los acordeones, lejos de ser una simple anécdota, refleja una estrategia que pone en riesgo la transparencia y la imparcialidad de la justicia en el país.