La presidenta Claudia Sheinbaum no pudo contener su entusiasmo tras la elección judicial del 1 de junio de 2025, calificándola como un “éxito histórico”. A través de redes sociales, la mandataria destacó que cerca de 13 millones de mexicanos acudieron a las urnas para elegir por primera vez a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Sin embargo, detrás de las palabras triunfalistas, los números cuentan otra historia.
El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó una participación ciudadana de apenas entre el 12.57% y el 13.32%, un dato que dista mucho del 20% que Sheinbaum esperaba alcanzar. Este porcentaje, incluso inferior al 17.77% de la consulta de revocación de mandato de 2022, ha desatado críticas sobre la legitimidad del proceso. Para muchos, la baja afluencia refleja el desinterés o la confusión de la ciudadanía.
La elección, que involucró la selección de 2,681 cargos judiciales, fue promovida por el gobierno de Morena como un paso hacia una justicia más democrática. Sheinbaum insistió en que este proceso fortalece el Estado de derecho, alejándose del nepotismo y la corrupción que, según ella, han caracterizado al Poder Judicial. La presidenta señaló que el sistema anterior favorecía a la delincuencia organizada y a la “delincuencia de cuello blanco”.
Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Partidos de oposición, como el PAN, han calificado la elección como una “farsa” y denunciaron que la baja participación evidencia el rechazo ciudadano a una reforma impulsada por Morena. Algunos líderes opositores incluso llamaron a boicotear el proceso, argumentando que favorece al partido en el poder.
Otro punto de controversia es la complejidad del proceso electoral. Los votantes enfrentaron múltiples boletas con cientos de nombres, lo que generó confusión y desmotivó la participación. Ciudadanos como Remedios Torres, de 30 años, expresaron que acudieron a votar por responsabilidad, pero consideraron el proceso una “pérdida de tiempo” debido a la falta de información clara sobre los candidatos.
Además, organizaciones civiles y activistas han encendido las alarmas al detectar candidaturas con posibles vínculos con el crimen organizado o sectas religiosas. Estas denuncias han puesto en duda la transparencia del proceso y la capacidad del INE para filtrar perfiles de riesgo, lo que podría comprometer la independencia del Poder Judicial.
Sheinbaum, por su parte, defendió la elección como una muestra de que “México es el país más democrático del mundo”. La mandataria argumentó que, de querer controlar el Poder Judicial, su gobierno habría optado por nombramientos directos en lugar de una elección popular. No obstante, las acusaciones de politización persisten.
El conteo oficial de los votos, que determinará a los nuevos jueces, magistrados y ministros, se espera para el 15 de junio. Mientras tanto, el debate sobre el impacto de esta reforma en el sistema de justicia mexicano continúa dividiendo opiniones, con un sector celebrando el cambio y otro advirtiendo sobre los riesgos de un Poder Judicial vulnerable a intereses políticos.