Entre 2008 y 2019, recursos federales por más de 61 millones de pesos fueron entregados a empresas fantasma en Chihuahua, según una investigación que expone irregularidades en la asignación de contratos públicos. Los datos, obtenidos de Compranet y el Servicio de Administración Tributaria, señalan que estos recursos se distribuyeron en 32 contratos distintos, principalmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La investigación, realizada por el Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM y Quinto Elemento Lab, revela que no existe evidencia de que los 61 millones 187 mil 430.50 pesos fueron utilizados de manera correcta. Estas empresas, conocidas como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), carecían de la infraestructura, equipo o personal necesario para cumplir con los contratos asignados.
Una de las empresas señaladas, Grupo Fritag S.A. de C.V., se llevó 11 de los 32 contratos, recibiendo un total de 18 millones 80 mil 278 pesos. En 2020, el SAT la catalogó como empresa fantasma, tras comprobar que no podía justificar los servicios prestados. Este caso es solo una muestra del esquema de corrupción que permitió el desvío de fondos públicos durante más de una década.
Otra empresa, Medical & Technical Books S.A. de C.V., con supuesta sede en Puebla, obtuvo siete contratos en Chihuahua. Sin embargo, una visita realizada por Quinto Elemento Lab en mayo de 2024 encontró que la dirección proporcionada correspondía a una casa particular, sin rastro de la empresa. En seis de los siete contratos no hay pruebas de que los servicios o productos contratados se entregaran.
Los contratos abarcaron diversas áreas, desde la construcción de sistemas de agua potable hasta la adquisición de juguetes didácticos y mobiliario. Entidades como la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa estuvieron involucradas en estas operaciones, según el análisis de los datos.
El periodo más crítico de estas irregularidades coincide con el sexenio de Peña Nieto, cuando la falta de supervisión permitió que estas empresas operaran sin ser detectadas. La investigación destaca que, a pesar de las alertas del SAT entre 2017 y 2018, muchas de estas empresas ya habían recibido millonarios contratos años antes.
La opacidad en el uso de los recursos públicos no solo representa una pérdida económica, sino también un impacto directo en la calidad de los servicios e infraestructura en Chihuahua. Proyectos esenciales, como la construcción de escuelas o sistemas de agua, quedaron comprometidos por la falta de ejecución o la mala calidad de las obras realizadas.
Este caso pone en evidencia las fallas en los sistemas de contratación pública y la necesidad de controles más estrictos para evitar el desvío de recursos. La colaboración entre instituciones como la UNAM y Quinto Elemento Lab ha permitido sacar a la luz estas irregularidades, que afectaron a los ciudadanos de Chihuahua durante más de una década.
La falta de consecuencias para los responsables de estos esquemas agrava la percepción de impunidad. Aunque el SAT ha identificado a estas empresas como fantasmas, las sanciones y denuncias han sido limitadas, dejando preguntas sobre cómo se permitió que este sistema operara durante tanto tiempo.
La investigación subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos. Los 61 millones de pesos entregados a empresas fantasma son solo una fracción de los recursos que, a nivel nacional, han sido desviados a través de esquemas similares, afectando el desarrollo y bienestar de la población.