El uso de estos acordeones no es nuevo, pero su impacto en esta elección fue notable. Según reportes, políticos y funcionarios ligados al partido en el poder, Morena, fueron señalados como los principales promotores de estas guías. Los documentos incluían números específicos de candidatos en boletas simuladas, con el objetivo de influir en los resultados de la votación para renovar el Poder Judicial.
Organizaciones civiles como Defensorxs y Proyecto Justicia Común (Projuc) denunciaron estas prácticas ante el Instituto Nacional Electoral (INE). A través de su plataforma “Vigilantes”, advirtieron sobre la movilización de estructuras partidistas y gubernamentales para manipular el voto. La preocupación no era menor: la participación de sindicatos y grupos afines al oficialismo podría haber comprometido la transparencia del proceso.
En Chihuahua, los acordeones no solo señalaban a candidatos para ministros de la Suprema Corte, como Lenia Batres, Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz, sino también a aspirantes a magistraturas y jueces de distrito. Por ejemplo, en el Distrito Morelos, se modificaron nombres de candidatas con marcador y pluma, sustituyendo a algunas aspirantes por otras, lo que generó aún más cuestionamientos sobre la limpieza del proceso.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, fue clara en su postura: los candidatos promovidos en estos acordeones no deberían ocupar cargos en el Poder Judicial. Sus declaraciones reflejaron el sentir de una ciudadanía que ve con desconfianza estas maniobras. Sin embargo, líderes como Ricardo Monreal, de Morena, minimizaron el impacto, asegurando que estas guías no deslegitiman la elección y que no constituyen un delito.
La oposición también tuvo su propio “acordeón fifí”, promovido por partidos como el PAN y el PRI, aunque con menos impacto. Este intento de contraofensiva fue descrito como desorganizado y poco efectivo, incapaz de competir con la maquinaria del oficialismo. La polarización entre los bandos políticos quedó en evidencia, con acusaciones cruzadas que no hicieron más que aumentar la desconfianza ciudadana.
La elección judicial, pensada para democratizar la selección de jueces, terminó opacada por estas estrategias. Las organizaciones civiles alertaron que la movilización corporativista, como la promovida por Morena, podría sentar un precedente peligroso para la democracia mexicana. La prohibición de participación de sindicatos en elecciones pasadas buscaba precisamente evitar que grupos de poder definieran los resultados.
En redes sociales, la indignación no se hizo esperar. Usuarios compartieron imágenes de los acordeones, criticando la falta de transparencia y el intento de manipular un proceso que debería ser imparcial. La jornada del 1 de junio, en lugar de fortalecer la confianza en el Poder Judicial, dejó un sabor amargo entre los votantes, quienes cuestionan si la justicia en México puede realmente renovarse bajo estas condiciones.
A pesar de las denuncias, el proceso siguió adelante. Las autoridades electorales, como el Instituto Estatal Electoral (IEE), insistieron en que la única información válida era la publicada en sus canales oficiales. Sin embargo, la circulación de acordeones a través de WhatsApp y otras plataformas mostró la dificultad de controlar estas prácticas en un entorno digital.
La elección judicial en Chihuahua, al ritmo del acordeón, evidenció los retos de un sistema que busca ser más democrático pero que aún arrastra vicios del pasado. La ciudadanía, atrapada entre guías de voto y promesas políticas, se pregunta si la justicia podrá librarse de las sombras de la manipulación.