La jornada electoral del 1 de junio de 2025, la primera en México para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, estuvo marcada por serias irregularidades. La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) recibió 23 denuncias por posibles delitos electorales durante el proceso, según reportes oficiales. Este ejercicio histórico, impulsado por el gobierno de Morena, buscaba renovar 881 cargos judiciales, pero las acusaciones de irregularidades han levantado cuestionamientos sobre su legitimidad.
Desde el arranque de la jornada, la FISEL documentó un total de 95 denuncias relacionadas con el proceso electoral extraordinario, iniciado el 23 de septiembre de 2024. De estas, 23 se presentaron específicamente el día de la votación. Las quejas, interpuestas por ciudadanos y autoridades electorales, incluyen señalamientos graves como coacción del voto, distribución ilegal de propaganda y posibles actos de intimidación, lo que pone en entredicho la transparencia del proceso.
El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó la apertura de 84,123 casillas en 19 estados del país, con una participación esperada de casi 100 millones de mexicanos. Sin embargo, las denuncias presentadas ante la FISEL sugieren que el proceso no estuvo exento de problemas. Entre los delitos señalados están la compra de votos, la presión a electores y el uso indebido de materiales electorales, prácticas que empañan este ejercicio inédito.
Un punto particularmente controvertido fue la distribución de “acordeones”, materiales que indicaban cómo votar por ciertos candidatos. El INE dio vista a la FISEL para investigar dos casos específicos: uno en Nuevo León, donde funcionarios públicos habrían repartido esta propaganda, y otro en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, vinculado a Servidores de la Nación. Estos casos están bajo investigación preliminar, y las autoridades prometen esclarecer los hechos.
Organizaciones civiles y ciudadanos también alzaron la voz. La convocatoria al “domingo negro”, una protesta contra la elección judicial, reunió a miles en estados como Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Los manifestantes, organizados por grupos como Resistencia Civil, Activa y Pacífica, denunciaron que el proceso carecía de transparencia y que algunos candidatos no cumplían con los requisitos mínimos para los cargos a los que aspiraban.
Entre las irregularidades destacadas está la participación de candidatos con antecedentes cuestionables. Organizaciones como Defensorxs documentaron al menos 13 aspirantes ligados a actividades ilícitas, incluyendo nexos con el crimen organizado y casos de violencia. Un ejemplo es Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien contendió por un cargo en Chihuahua, lo que generó críticas por la falta de filtros en el proceso de selección.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también enfrentó cuestionamientos. Durante el proceso, se desecharon 10 recursos por irregularidades en candidaturas, incluyendo una denuncia contra Lenia Batres, ministra en funciones y candidata a permanecer en la Suprema Corte. Magistrados como Janine Otálora señalaron que el INE no investigó a fondo las quejas, lo que refuerza las dudas sobre la imparcialidad de las instituciones involucradas.
A pesar de las críticas, figuras cercanas a Morena, como Lenia Batres, celebraron la jornada como un “proceso histórico”. Batres destacó la participación ciudadana y el voto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero evitó responder preguntas sobre las irregularidades. Su postura contrasta con las protestas que, incluso en el extranjero, exigieron claridad y justicia en la elección.
El INE advirtió que el cómputo de votos podría extenderse hasta el 10 de junio debido a la complejidad del proceso, que incluyó seis boletas distintas para elegir desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de distrito. Mientras tanto, la FISEL continúa investigando las denuncias, con el compromiso de garantizar certeza jurídica. Sin embargo, los señalamientos de opacidad y coacción han dejado un sabor amargo en este intento por reformar el Poder Judicial.
La elección judicial, presentada como un avance democrático por el gobierno de Morena, enfrenta ahora el reto de recuperar la confianza ciudadana. Las denuncias y protestas reflejan un descontento generalizado, y las investigaciones de la FISEL serán clave para determinar si este ejercicio cumplió con los principios de transparencia y legalidad que prometía.