Por primera vez en la historia de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se renovará mediante el voto directo de los ciudadanos, un proceso impulsado por el gobierno de Morena que busca transformar el Poder Judicial. Este domingo 1 de junio, millones de mexicanos acudieron a las urnas para elegir a los nueve nuevos ministros que integrarán el máximo tribunal del país, marcando un precedente sin igual en el mundo.
La jornada electoral, calificada como un éxito por la presidenta Claudia Sheinbaum, registró una participación del 13%, según el Instituto Nacional Electoral. Aunque la afluencia fue menor a la esperada, el proceso ha sido celebrado por el oficialismo como un paso hacia una justicia más cercana al pueblo. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, con señalamientos de que esta reforma podría politizar la impartición de justicia.
La elección de los ministros no fue el único objetivo de esta jornada. También se votó por dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistraturas de Salas Regionales y cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Además, en 19 estados se eligieron casi 1,700 jueces locales, lo que llevó a algunos ciudadanos a llenar hasta 13 boletas electorales en un solo día.
El proceso, organizado por el INE, enfrentó retos logísticos significativos. Cada votante tardó en promedio nueve minutos en emitir su sufragio, y los cómputos distritales iniciaron de inmediato tras el cierre de casillas. Los resultados definitivos de la elección de la Suprema Corte se esperan para este martes 3 de junio, aunque los avances preliminares ya muestran preferencias por figuras como Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz.
La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por Sheinbaum, ha generado un intenso debate. Morena argumenta que este cambio democratiza un Poder Judicial que consideran elitista y corrupto, mientras que opositores advierten que la elección popular podría permitir la influencia de partidos políticos, grupos económicos o incluso el crimen organizado en los tribunales.
Organizaciones como Defensorxs han alertado sobre la participación de 19 candidatos de “alto riesgo” con posibles vínculos con el narcotráfico o señalamientos de corrupción. Estas preocupaciones han avivado el temor de que el nuevo sistema judicial no garantice la imparcialidad necesaria para combatir la impunidad en el país.
A partir de esta semana, la Suprema Corte sesionará únicamente los martes, una medida que busca optimizar el trabajo de los nuevos ministros mientras se adaptan al cúmulo de más de 8,000 casos pendientes. Expertos como Aleida Hernández, de la UNAM, señalan que el nuevo modelo ofrece flexibilidad, pero reconocen que resolver los pendientes será una tarea titánica.
La presidenta Sheinbaum ha defendido la reforma, asegurando que los jueces electos responderán al pueblo y no a intereses de élite. Sin embargo, las críticas al proceso persisten, con cuestionamientos sobre la preparación de los candidatos y la transparencia en la selección de los perfiles que aparecieron en las boletas.
El expresidente López Obrador hizo una aparición pública durante la jornada electoral, votando en Chiapas y elogiando a Sheinbaum como “la mejor presidenta del mundo”. Su presencia reavivó el debate sobre el papel de Morena en la reconfiguración del Poder Judicial, con acusaciones de que el partido busca consolidar su control sobre las instituciones.
Este proceso electoral marca un punto de inflexión para México. La elección de los jueces por voto popular redefine el sistema de justicia, pero también plantea preguntas sobre el futuro de la independencia judicial y la capacidad del nuevo modelo para atender los grandes retos de impunidad y corrupción en el país.