El pasado 1 de junio de 2025, México vivió un hecho sin precedentes: la primera elección judicial por voto popular, un experimento impulsado por el gobierno de Morena que buscaba renovar el Poder Judicial. Sin embargo, la jornada estuvo lejos de ser un éxito rotundo, con una participación ciudadana que apenas alcanzó el 11.9%, según estimaciones de organizaciones civiles.
En esta elección, cerca de 100 millones de mexicanos fueron convocados para elegir 881 cargos federales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y otros cargos clave. Los votantes recibieron hasta seis boletas para decidir el futuro de jueces, magistrados y ministros, en un proceso que prometía mayor transparencia y cercanía con la ciudadanía.
Sin embargo, la baja participación levantó críticas y dudas sobre la legitimidad del proceso. Organizaciones civiles señalaron que la falta de interés ciudadano se debió a la poca claridad en la información proporcionada y a la percepción de que el proceso estaba controlado por el oficialismo. La complejidad de las boletas y la falta de campañas efectivas también jugaron un papel importante.
El Instituto Nacional Electoral instaló más de 84 mil casillas en 19 estados, desde Aguascalientes hasta Zacatecas. A pesar de la magnitud del operativo, la afluencia fue decepcionante. Algunos analistas apuntaron que la ciudadanía no percibió esta elección como una prioridad, en contraste con las elecciones tradicionales para cargos ejecutivos o legislativos.
El proceso no estuvo exento de controversias. Organizaciones como Defensorxs denunciaron que al menos 13 candidatos tenían vínculos con el crimen organizado, incluyendo a una exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Estas acusaciones encendieron las alarmas sobre los riesgos de elegir jueces por voto popular, especialmente en un contexto de creciente inseguridad.
La oposición, incluyendo partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, calificó la elección como una “farsa” orquestada por Morena para controlar el Poder Judicial. Senadores de oposición acusaron al gobierno de Claudia Sheinbaum de imponer candidaturas afines al oficialismo, cuestionando la independencia de los futuros jueces.
Por su parte, figuras cercanas a Morena, como la ministra en funciones Lenia Batres, celebraron la jornada como un “proceso histórico”. Batres destacó la participación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien acudió a votar, como un símbolo de compromiso con esta reforma. Sin embargo, sus declaraciones no lograron contrarrestar las críticas.
En el plano social, la jornada electoral estuvo acompañada de protestas. La llamada “marea negra” salió a las calles en varias ciudades, incluyendo la Ciudad de México, para manifestarse contra la elección judicial. Organizaciones como Resistencia Civil, Activa y Pacífica convocaron a un “domingo negro” para rechazar lo que consideraron un proceso opaco y politizado.
A pesar de las expectativas del gobierno, que presentó la reforma como un paso hacia una justicia más democrática, los resultados preliminares sugieren un desafío mayor: recuperar la confianza ciudadana. La baja participación y las acusaciones de irregularidades han dejado un sabor agridulce en este experimento único en el mundo.
El futuro del Poder Judicial en México dependerá de cómo se aborden estas críticas y de si los nuevos jueces logran demostrar independencia y compromiso con la justicia. Por ahora, la primera elección judicial pasará a la historia no solo por su novedad, sino por los cuestionamientos que dejó en el aire.