La presidenta Claudia Sheinbaum no dudó en calificar como “un éxito” la elección judicial del 1 de junio de 2025, un proceso que marcó un hito al ser la primera vez que los mexicanos votaron por jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Sin embargo, el dato que resuena con fuerza es que apenas un 13% de los ciudadanos acudió a las urnas, según estimaciones del Instituto Nacional Electoral (INE). ¿Éxito histórico o un espejismo para justificar una reforma controvertida?
En un mensaje difundido en redes sociales, Sheinbaum destacó que cerca de 13 millones de mexicanos participaron en esta elección, eligiendo entre miles de candidatos para ocupar 2,681 cargos judiciales, incluyendo posiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. La presidenta insistió en que este ejercicio fortalece la democracia, pero el bajo nivel de participación ha desatado críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Sheinbaum, fue aprobada el 15 de septiembre de 2024. Desde su anuncio, ha generado una tormenta de controversias. Organismos internacionales, como la ONU, y asociaciones civiles han advertido sobre los riesgos de una posible intromisión del Ejecutivo o incluso del crimen organizado en la elección de los jueces. Estas alertas no han sido tomadas a la ligera por la oposición, que califica el proceso como una maniobra para controlar el Poder Judicial.
El INE, encargado de organizar los comicios, reportó que la participación osciló entre el 12.57% y el 13.32%, una cifra que contrasta con el entusiasmo oficialista. Los resultados oficiales de la elección no se conocerán hasta dentro de unos diez días, según el organismo electoral. Este dato, lejos de ser un detalle menor, pone en duda el impacto real de un proceso que Sheinbaum ha defendido con fervor como un avance democrático sin precedentes.
Las campañas para esta elección comenzaron el 30 de marzo y concluyeron el 28 de mayo, pero no estuvieron exentas de polémica. Denuncias en redes sociales señalaron a una veintena de candidatos por presuntos nexos con el narcotráfico, lo que alimentó las críticas de quienes ven en la reforma una puerta abierta a influencias externas. Sheinbaum, sin embargo, ha desestimado estas acusaciones, calificándolas de “absurdas” y llamando a la ciudadanía a confiar en el proceso.
La presidenta también enfrentó críticas por el alto costo de la elección, que el INE estimó en más de 13 mil millones de pesos. Sheinbaum ha cuestionado esta cifra, argumentando que el proceso pudo haberse realizado con menos recursos, especialmente porque no hubo financiamiento para partidos políticos. Este punto ha generado un nuevo roce con el INE, institución que la mandataria ha acusado de inflar los costos de manera injustificada.
Otro aspecto que ha levantado sospechas es la intervención del Ejecutivo en la promoción de la elección. Sheinbaum celebró un fallo del Tribunal Electoral que permitió a funcionarios públicos difundir información sobre los comicios, algo que el INE había restringido inicialmente. Para la presidenta, esto permitió informar a la ciudadanía, pero sus detractores lo ven como un intento de influir en el proceso electoral.
El proceso de selección de candidatos también ha sido objeto de debate. Más de 18 mil personas se inscribieron para participar, pero los comités de evaluación de los tres poderes tuvieron que depurar las listas para seleccionar a los finalistas. Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, destacó la alta participación en la inscripción, pero la baja afluencia en las urnas pone en entredicho el interés real de la población en esta reforma.
Las críticas no han venido solo de la oposición. Figuras como el expresidente Ernesto Zedillo han calificado la reforma como una “farsa” y un “engaño” al pueblo mexicano, acusándola de socavar la democracia. Sheinbaum respondió con dureza, señalando la falta de credibilidad de la oposición y defendiendo que la elección judicial es un paso hacia un sistema más transparente y cercano al pueblo.
Mientras el gobierno celebra este ejercicio como un triunfo democrático, el panorama es menos alentador para muchos. La baja participación, las denuncias de irregularidades y las tensiones con el INE pintan un escenario de desconfianza. La pregunta sigue en el aire: ¿es esta elección un paso hacia una justicia más democrática o una estrategia para consolidar el poder?