En un hecho que pone en entredicho la organización de la primera elección judicial en México, los paquetes electorales fueron trasladados en combis de ruta en la Ciudad de México sin ninguna medida de seguridad. Este domingo, tras el cierre de las casillas, se reportó que los materiales electorales, fundamentales para garantizar la transparencia del proceso, fueron transportados en vehículos de transporte público sin custodia oficial ni protocolos adecuados.
La elección judicial, un ejercicio inédito para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, ha estado marcada por la controversia desde su inicio. La falta de seguridad en el traslado de los paquetes electorales en la capital del país ha desatado críticas sobre la capacidad del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar un proceso confiable. Videos y testimonios en redes sociales muestran cómo las camionetas blancas, sin identificación oficial, llevaron los paquetes sin resguardo alguno.
El INE, encargado de organizar esta elección histórica, había anunciado la activación de una Mesa Nacional de Seguridad desde las 6 de la mañana del domingo. Sin embargo, la ausencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina en el traslado de los materiales ha generado cuestionamientos. La falta de una cadena de custodia clara pone en riesgo la integridad de las boletas y los resultados de la jornada.
Este no es el único problema reportado. En Chiapas, el INE confirmó el robo de 25 paquetes electorales en los municipios de Copainalá, San Cristóbal de las Casas y Jiquipilas, lo que representa la pérdida de más de 130 mil boletas. Estos incidentes alimentan las dudas sobre la seguridad y la logística de un proceso que, según el gobierno, busca democratizar el Poder Judicial.
La jornada electoral del 1 de junio tenía como objetivo renovar 881 cargos federales y hasta 305 locales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte. Sin embargo, la falta de medidas básicas de seguridad, como el uso de vehículos oficiales y custodios, ha sido calificada como una grave omisión que podría comprometer la legitimidad de los resultados.
Organizaciones civiles y partidos de oposición han señalado que estos hechos reflejan una improvisación generalizada en el proceso. La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, ha calificado la elección como una cadena de irregularidades que amenaza el estado de derecho. Por su parte, el INE ha defendido su labor, pero no ha explicado por qué no se implementaron protocolos de seguridad más estrictos.
La participación en esta elección fue destacada por figuras como la ministra Lenia Batres, quien celebró que ciudadanos, incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador, acudieran a votar. No obstante, el entusiasmo oficial contrasta con las imágenes de combis de ruta trasladando paquetes sin supervisión, lo que ha generado indignación entre quienes exigen un proceso transparente.
Mientras el conteo de votos avanza, la incertidumbre crece. Los incidentes en la CDMX y Chiapas se suman a las críticas previas sobre la selección de candidatos, algunos señalados por vínculos con el crimen organizado. La elección judicial, presentada como un paso hacia la democratización, enfrenta ahora un nuevo obstáculo: la desconfianza en su ejecución.
Este episodio pone en evidencia los retos de organizar un proceso electoral de esta magnitud sin una logística sólida. La ciudadanía, que acudió a las urnas con la expectativa de un cambio histórico, se encuentra ahora con un panorama de desorganización que podría marcar el futuro del Poder Judicial en México.